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Los sindicatos no descartan recurrir a la justicia penal en el caso de la OFGC
Redacción
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El abogado que ha representado a los músicos de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, Joaquín Sagaseta, y miembros del Comité de Empresa de la Orquesta, declararon ayer que "los hechos enjuiciados son dignos de pasar un auténtico memorial de la infamia en materia de atropello de derechos fundamentales de los trabajadores" y no descartaron recurrir a la jurisdicción penal "para defender los intereses cardinales y básicos de los trabajadores, si se da el caso". "Es una secuencia de maldades e hipocresias carentes totalmente de fundamento", comentó el abogado, que consideró el juicio "extremadamente violento", no sólo por el contenido de sus imputaciones, sino también por "lo burdo de esas imputaciones".
Según la sentencia publicada la semana pasada, la Fundación Orquesta Filarmónica de Gran Canaria vulneró tres derechos fundamentales: el derecho a no ser objeto de un trato discriminatorio, la libertad de expresión y la libertad sindical. Estas circunstancia se ve agravada por la responsabilidad directa de un miembro destacado del "establo de las vacas sagradas del Cabildo Insular de Gran Canaria" (el nacionalista canario Gonzalo Angulo, presidente de la OFGC y consejero de cultura de la primera corporación de la Isla).
En este sentido, aclaró que un responsable político que ostenta altos cargos en instituciones públicas, "antes de aprender a sonarse los mocos, debía de aprender a respetar los derechos básicos y fundamentales de los trabajadores". "Si una persona es tan irrespetuosa con los derechos fundamentales de los trabajadores, no puede otorgársele responsabilidades políticas, y mucho menos potestades para resolver conflictos laborales", criticó Sagaseta.
La Sentencia concluye afirmando que la actividad de la empresa "ha sido dirigida de manera premeditada a buscar argumentos, todos inconsistentes, para despedir al actor dada su condición de portavoz del Comité de empresa y atribuirle de manera personal ser el instigador de la situación de elevada conflictividad vivida por el colectivo", recordó el secretario general de la Federación de servicios Públicos de UGT, José Bouzón. La sentencia impone además a la empresa una indemnización a Holger Schade de 100.000 pesetas, "cantidad que parece irrisoria, pero que es de gran trascendencia, ya que fortalece la censura jurídica realizada por el juez del comportamiento enjuiciado", explicó el abogado.
En cuanto al anuncio de recurso que planteará la empresa, y que los músicos impugnarán, el abogado los considera un error, ya que "va dejar seguir pudriéndose una situación que sólo va a conducir a empeorar las cosas". "No tenemos ningún miedo a este recurso", manifestó el abogado, a pesar de querer dar por zanjada esta situación por los intereses de los trabajadores afectados y por el colectivo de la empresa. En este sentido, los músicos, a través de Joaquín Sagaseta, no tendrán "ningún tipo de escrúpulos de entrar en la jurisdicción penal para defender los intereses cardinales y básicos de los trabajadores, si se da el caso". Sagaseta y los miembros del Comité de Empresa declararon que es "lo único que justifica y que explica la persistencia en este recurso, es que los promotores de este despido, de esta actitud de represión antisindical de los trabajadores de las orquesta Filarmónica están completamente prisioneros de la soberbia". Joaquín Sagaseta, dió mucha importancia al hecho de que "si por hechos imputados se hubiese justificado un despido, quedarían en la picota el conjunto de los representantes sindicales de los trabajadores". Según el abogado "no estaba en juego una limitación de derechos fundamentales de los trabajadores, sino la amputación de esos derechos". La sentencia demuestra además la movilización ciudadana, de solidaridad por un lado y de denuncia por otro, de ese comportamiento. Sin embargo, no afirman lo mismo por parte del Cabildo de Gran Canaria, del que esperan que se tomen medidas, "en un comportamiento antijurídico en el que incurren precisamente quienes deben tener un comportamientro ejemplar". "La empresa tendrá que responder de los daños causados", ya que en el juicio sin que hubiera una investigación de los hechos que ellos imputaban, se despide al músico sin que se le instruya un expediente para verificar quienes habían elaborado el documento y quienes lo había distribuido". Por otro lado, además no se presentan testimonios o testigos, pero sí muchos defectos en el despido. "La operación estaba diseñada para descabezar un movimiento reivindicativo que había en la Orquesta Filarmónica desde hace unos años y contaban con poner de rodillas a Holger con una indemnización como han hecho con otros trabajadores", opinó Sagaseta. "Pero no calcularon que se les iba a plantar y se les chafó toda la operación", continuó el adogado.
El miembro del Comité de Empresa de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, Salvador Mir, quiso aprovechar la ocasión para pedir a la presidenta del Cabildo insular, María Eugenia Márquez, que "vele por el buen nombre del Cabildo". El músico Holger Schade se reincorporará el lunes a sus funciones ordinarias dentro de la Filarmónica con las mismas condiciones que estaba con anterioridad y además se ha revalidado su condición de representante sindical en el Comité de Empresa del Colectivo de la Filarmónica.
Según la sentencia publicada la semana pasada, la Fundación Orquesta Filarmónica de Gran Canaria vulneró tres derechos fundamentales: el derecho a no ser objeto de un trato discriminatorio, la libertad de expresión y la libertad sindical. Estas circunstancia se ve agravada por la responsabilidad directa de un miembro destacado del "establo de las vacas sagradas del Cabildo Insular de Gran Canaria" (el nacionalista canario Gonzalo Angulo, presidente de la OFGC y consejero de cultura de la primera corporación de la Isla).
En este sentido, aclaró que un responsable político que ostenta altos cargos en instituciones públicas, "antes de aprender a sonarse los mocos, debía de aprender a respetar los derechos básicos y fundamentales de los trabajadores". "Si una persona es tan irrespetuosa con los derechos fundamentales de los trabajadores, no puede otorgársele responsabilidades políticas, y mucho menos potestades para resolver conflictos laborales", criticó Sagaseta.
La Sentencia concluye afirmando que la actividad de la empresa "ha sido dirigida de manera premeditada a buscar argumentos, todos inconsistentes, para despedir al actor dada su condición de portavoz del Comité de empresa y atribuirle de manera personal ser el instigador de la situación de elevada conflictividad vivida por el colectivo", recordó el secretario general de la Federación de servicios Públicos de UGT, José Bouzón. La sentencia impone además a la empresa una indemnización a Holger Schade de 100.000 pesetas, "cantidad que parece irrisoria, pero que es de gran trascendencia, ya que fortalece la censura jurídica realizada por el juez del comportamiento enjuiciado", explicó el abogado.
En cuanto al anuncio de recurso que planteará la empresa, y que los músicos impugnarán, el abogado los considera un error, ya que "va dejar seguir pudriéndose una situación que sólo va a conducir a empeorar las cosas". "No tenemos ningún miedo a este recurso", manifestó el abogado, a pesar de querer dar por zanjada esta situación por los intereses de los trabajadores afectados y por el colectivo de la empresa. En este sentido, los músicos, a través de Joaquín Sagaseta, no tendrán "ningún tipo de escrúpulos de entrar en la jurisdicción penal para defender los intereses cardinales y básicos de los trabajadores, si se da el caso". Sagaseta y los miembros del Comité de Empresa declararon que es "lo único que justifica y que explica la persistencia en este recurso, es que los promotores de este despido, de esta actitud de represión antisindical de los trabajadores de las orquesta Filarmónica están completamente prisioneros de la soberbia". Joaquín Sagaseta, dió mucha importancia al hecho de que "si por hechos imputados se hubiese justificado un despido, quedarían en la picota el conjunto de los representantes sindicales de los trabajadores". Según el abogado "no estaba en juego una limitación de derechos fundamentales de los trabajadores, sino la amputación de esos derechos". La sentencia demuestra además la movilización ciudadana, de solidaridad por un lado y de denuncia por otro, de ese comportamiento. Sin embargo, no afirman lo mismo por parte del Cabildo de Gran Canaria, del que esperan que se tomen medidas, "en un comportamiento antijurídico en el que incurren precisamente quienes deben tener un comportamientro ejemplar". "La empresa tendrá que responder de los daños causados", ya que en el juicio sin que hubiera una investigación de los hechos que ellos imputaban, se despide al músico sin que se le instruya un expediente para verificar quienes habían elaborado el documento y quienes lo había distribuido". Por otro lado, además no se presentan testimonios o testigos, pero sí muchos defectos en el despido. "La operación estaba diseñada para descabezar un movimiento reivindicativo que había en la Orquesta Filarmónica desde hace unos años y contaban con poner de rodillas a Holger con una indemnización como han hecho con otros trabajadores", opinó Sagaseta. "Pero no calcularon que se les iba a plantar y se les chafó toda la operación", continuó el adogado.
El miembro del Comité de Empresa de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, Salvador Mir, quiso aprovechar la ocasión para pedir a la presidenta del Cabildo insular, María Eugenia Márquez, que "vele por el buen nombre del Cabildo". El músico Holger Schade se reincorporará el lunes a sus funciones ordinarias dentro de la Filarmónica con las mismas condiciones que estaba con anterioridad y además se ha revalidado su condición de representante sindical en el Comité de Empresa del Colectivo de la Filarmónica.
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