Musicólogos de todo el mundo denuncian torturas con música en Colombia

Abuso © Pixabay

Musicólogos y musicólogas de distintas universidades de todo el mundo han suscrito una carta dirigida al gobernador de Cundinamarca, en Colombia, Nicolás García Bustos, en protesta por las torturas que, según una investigación periodística, se produce en la localidad y en la que se utiliza música.

Los firmantes muestran su "profunda preocupación" por los hechos expuestos por la periodista Jineth Prieto en su artículo titulado “Denuncian torturas en centro de detención de la policía en Soacha” (La Silla Vacía; junio 15, 2021). Como docentes e investigadores de una disciplina humanística como la musicología, se han sorprendido por las denuncias de tortura por parte de las fuerzas del orden. 

En particular, les genera "un disgusto enorme" leer sobre el uso de la música como herramienta de tortura en el CTP de esta localidad de Cundinamarca. Afirman que "en un país con una historia tan larga y profunda de violencia como Colombia, las prácticas musicales y artísticas han constituido uno de los pocos mecanismos disponibles para el grueso de la población para copar con el trauma, el dolor, y las secuelas de la guerra". 

Por ese motivo, entienden que "manipular dichas prácticas para atentar contra la integridad psíquica o física de las personas es simplemente inaceptable". En el artículo de la periodista Prieto, el Intendente Camilo Adrián Latorre Rivera, responsable del CTP de Soacha, acepta el uso y reproducción de música a todo volumen en este CTP y lo justifica diciendo que su objetivo era el de "ocupar la mente de los detenidos". 

Los firmantes señalan que "es sorprendente que una persona con un cargo de responsabilidad como el del señor intendente no sepa que la reproducción de música de forma repetitiva y a un volumen alto en espacios cerrados como cárceles u hospitales, tiene efectos psíquicos y físicos nocivos en línea con el impacto causado por la contaminación acústica en el ser humano". 

Por esas consideraciones rechazan "rotundamente" dichos procedimientos y les piden implementar acciones que investiguen, rectifiquen y penalicen "este indebido y horroroso comportamiento por parte de aquellas y aquellos cuyo deber es proteger y ayudar a la ciudadanía".  Concluyen afirmando que "ningún tipo de tortura o de abuso de autoridad debe tener cabida en nuestros territorios". 

Los firmantes proceden de la Universidad de Barcelona, University of California Santa Barbara, Universidade Federal do Amazonas, Universidad de Valladolid, Universidad de Puerto Rico, University of Southampton, University of North Texas, Universidad de Arizona, California State Polytechnic University, Universidad Central del Ecuador, Universidad de Buenos Aires, Universidade Federal Fluminense, Universidad de Tarapacá, Borough of Manhattan Community College, Universidade Federal Rio Grande Sul, Boston University, University of Bristol, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Universidade Nova de Lisboa, Institut Català d’Antropologia, Universidad de California, Universidad de Oregón, Universidad Nacional de Córdoba (Argentina), Universidad de Cambridge, Universidad de Santiago de Chile, Universidad de Viena, Universidad de Castilla La Mancha, Universidad Internacional de La Rioja, Universidad Pública de Navarra, Universidad Pedagógica Nacional y Universidad Sergio Arboleda (Colombia), Kunstuniversität Graz (Austria) y Southern Methodist University, entre otras.