Reportajes

Los derechos de autor en Uruguay

Coriún Aharonián

jueves, 1 de enero de 1998
El proyecto de "ley sobre el derecho de autor y derechos afines" nos descerraja una amenaza de destrucción adicional del patrimonio - no sólo el cultural - en beneficio de tres o cuatro grandes capitales del mundo que lucran con lo ajeno. Afortunadamente, algunos parlamentarios han olfateado algo raro, y puede ser que logren esquivar a tiempo el error histórico irreparable.

A quién sirve

Ocurre que, hasta ahora, los principales beneficiarios de la vigencia del derecho de autor en nuestro país no somos los uruguayos sino los países poderosos. El sistema existente es un medio más para exportar plusvalor a los que dominan el mundo, en forma menos visible y más eficaz que la del sistema bancario.

Y la situación se agrava. En el nuevo empuje de las transnacionales, en plena nueva crisis mundial del sistema capitalista - disimulada como se pueda -, cuando se escribe "autores" no se lee necesariamente "autores" sino "titulares de los derechos", es decir "propietarios". La cada vez más poderosa y aniquiladora industria del "entretenimiento" (que eso es la cultura para los dueños de las reglas de juego en el capitalismo) está cada vez en menos manos. La industria musical, que mueve anualmente cifras de miles de millones de dólares (más de 30.000 millones en 1994 solamente en fonogramas) está concentrada desde hace décadas en cinco "hermanas" (como las viejas siete "hermanas" del petróleo, vaya coincidencia), vinculadas a su vez con enormes grupos de poder que abarcan la industria armamentista y los medios de comunicación. Acéptese hoy esta afirmación sumaria. En un próximo artículo nos ocuparemos de explicarlo un poco más extensamente.

MercoSur

El intento de renovación de nuestra legislación se ubica en el marco del reordenamiento de soberanías y dependencias que implica el Mercosur, ese engendro político-económico que nunca fue consultado a la ciudadanía. (Nuestras autoridades de palo diverso hace rato que se ríen de aquello de "mi autoridad emana de vosotros y cesa ante vuestra presencia soberana".)

El proyecto de ley sirve para introducir un caballo de Troya en ese Mercosur que sufrimos, pero no a favor de nosotros, los chicos (el Paraguay y el Uruguay). El lector supondrá que es entonces a favor de los dos grandes (Argentina y Brasil), y se equivoca. Tampoco. Adivina, adivinador.

El espíritu del tal proyecto sólo beneficia al nuevo imperialismo, al de las grandes transnacionales desfronterizadas, ubicadas vagamente en el norte, en eso llamado el Primer Mundo. Y despoja, cada vez más, a los sometidos del mundo, nosotros incluidos.

Si yo logro introducir distraídamente una modificación de jurisprudencia en uno cualquiera de los miembros de un pacto que obliga a compatibilizar gradualmente los criterios jurídicos, puedo birlar fácilmente la resistencia de quienes ya se hayan percatado del peligro de la modificación. He ahí el chiste primero.

Para ir leyendo el proyecto

Fernández Faingold señala, entiendo que con picardía: "Realmente el artículo segundo impresiona con sus más de 40 definiciones". Es que el mencionado artículo se inicia así: "A los efectos de esta ley, las expresiones que siguen y sus respectivas formas derivadas tendrán el significado siguiente". Divertido. No el significado del diccionario, no el significado del uso, sino el significado ad hoc que se establece allí. Menudo problema para un juez.

Planteada de otra manera, la idea podía haber sido buena. Pero falla desde el principio, porque el larguísimo diccionario propio adolece de incontables deficiencias. 

La realidad del autor

Con la legislación sobre derecho de autor, ¿a quién defendemos? El lector desprevenido supone que al autor. Pues no. Cuando defendemos los derechos de autor de los Beatles, no estamos defendiendo a Paul McCartney ni a los herederos de John Lennon, sino a Michael Jackson, propietario de sus derechos por manes de una simple compra de capital de la editora Northern, que fuera fundada como independiente, justamente para evitar que otro señor se quedara con los derechos de los muchachos de Liverpool, cuyos ingresos autorales y "conexos" fueran renglón fundamental financiero del Reino Unido por varios años.

Un músico popular que acepte grabar para una transnacional, cede a ésta en la casi totalidad de los casos gran parte de sus derechos de intérprete por períodos extensísimos. Y sus derechos de autor quedan subrepticiamente prisioneros del grupo empresarial al que su sello editor pertenece, que pasará a percibir, en todo el mundo, entre un 50 y un 100 por ciento de los derechos que se supone pertenecen al autor de la obra.

Lo que nuestra legislación debería hacer es prohibir que se puedan firmar en el Uruguay (y por extensión, ojalá, en el Mercosur) contratos que violan todos los principios del decoro.

Duración de los soportes fonográficos

Mientras tanto, convendría leer la bibliografía existente. En los últimos años, algunos autores del norte han estado llamando la atención respecto a un pequeño problema ético: las transnacionales, que reclaman el dinero de sus explotados - los autores (y los "conexos") -, venden la música en soportes cuya vida útil es desmesuradamente más corta que el plazo de "protección" reclamado. La expectativa de vida decorosa de un disco compacto es de diez años, y la de una casete, de quince.

Setenta u ochenta años

¿Quién está interesado en la prórroga de la vigencia del derecho de autor? ¿El compositor? No precisamente. El compositor necesita recibir su parte de lo que la sociedad capitalista lucra con su obra creativa, mientras está vivo. Cosa que ya vimos que no sucede, allí donde acepte las reglas de juego de las empresas editoras capitalistas. 

Los herederos no tienen por qué lucrar con la inspiración ni con la transpiración intelectual de sus progenitores o de sus tíos-bisabuelos políticos. Si es que les tocara tal suerte, cosa poco probable, sería ridículo que un señor equis viviera de renta como compensación a la miseria sufrida por su mamá. Lo que ocurre, en realidad, es más cristalino. Quien lucra con el "Bolero" de Ravel no es Ravel, que murió en 1937, sino el país (Francia en este caso) que cobra los impuestos sobre esos derechos, y su editor (Durand, que al parecer pertenece ahora también a una transnacional). Si el plazo de "protección" del derecho autoral es de 80 años, lo que se logra en nuestro caso particular es que el "Bolero", compuesto en 1928, no pase a "dominio público", y se le birle por otros diez años ese dinero al Estado uruguayo (y a las finalidades, nobles o no, que la ley uruguaya quiera darle a ese dinero, Fondo Nacional de Música incluido). 

¿Queda claro ahora a quién protege la posible ley uruguaya?

El cuco de no quedar fuera

Una argumentación reiterada a favor de esta nueva instancia de avance de las fuerzas imperiales ha sido la de que si no aprobamos esta apresurada ley, nos quedamos atrasados respecto a los países avanzados. El experto de la sospechosa Organización Internacional de la Propiedad Intelectual escuchado por la Comisión de Educación y Cultura de nuestro Senado explica que "advertirán que todas estas normas fueron elaboradas con el fin de quedar abiertas a la evolución tecnológica". Por un lado, no deja de llamar la atención que sea un funcionario extranjero quien explique con qué fin se elaboraron las propuestas que aparecen firmadas por los integrantes uruguayos del Consejo de Derecho de Autor. ¿O será que nuestro Ministro de Cultura saliente y sus compañeros de ese Consejo estuvieron firmando cheques en blanco? 

Por otro lado, este señor (el doctor Ricardo Antequera, representante de la OMPI ante no se entiende bien cuál organismo uruguayo - de paso: ¿por qué?, ¿y pago por quién? -) tiene un sentido del humor tan agudo que se permite tomarle el pelo a nuestros legisladores enarbolando como referentes a países, como Perú o Colombia, donde la protección real del derecho de autor a favor de los autores es poco menos que inexistente.

La confusión entre conceptos de legislación diversos se torna total. El copyright y el derecho de autor se superponen. Charles Keil preguntaba en un congreso de la International Association for the Study of Popular Music realizado en Montreal en 1985: "¿Quién desearía perpetuar el mito de la música en tanto propiedad? Y lanzaba un desafío a músicos y musicólogos a fin de actuar conjuntamente "para la eliminación del copyright musical en todos los países". Hace muy poco tiempo, otro destacado musicólogo estadounidense, Peter Winkler, retomaba este planteo en una amplia discusión internacional efectuada por Internet acerca de, justamente, la problemática del copyright.

Perspectivas

El doctor Perogrullo solía aconsejar que para legislar acerca de cómo proteger a alguien convenía preguntarle antes a ese alguien cómo quería que se lo protegiera, y de qué. Quienes redactaron el tan extraño como extenso proyecto de ley que nos desprotege para siempre no habían escuchado nunca este consejo primario. 

Ahora bien. Nuestro proyecto de ley uruguayo es tan pero tan extenso, tan pero tan farragoso, y está tan mal redactado, que mucho me temo que nuestros parlamentarios terminen aprobándolo, sólo para ahorrarse la tortura de su lectura.

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