Educación musical
Actualidad de los centros de enseñanzas artísticas
Asimismo ha acordado remitir sendos escritos al Ministerio de Educación y a la Concedería de Educación de la Generalitat Valenciana, para poner en conocimiento de los mismos el acuerdo adoptado.
El pasado mes de febrero, el Consejo Escolar del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid ya adoptó la decisión de causar baja en la ACESEA, debido a su conocimiento de ciertos informes que ponían en evidencia la irregularidad de su pertenencia a la misma, por ser de titularidad pública este centro.
El hecho reviste especial trascendencia, ya que la mayoría de los centros públicos de enseñanzas artísticas superiores son socios de la ACESEA, según la información pública de la página web que mantiene dicha asociación, que ha actuado como interlocutora del Ministerio de Educación durante la negociación de la LOE y en la reciente reforma normativa que afecta a las enseñanzas artísticas y aún no se ha completado, manteniendo numerosas entrevistas privadas con altos cargos de este Ministerio, sin que la mayoría de Claustros sean conocedores de lo tratado en dichas entrevistas.
En documentos oficiales y publicaciones, ACESEA dice ser la voz unánime de los centros educativos y presume de consenso entre los centros, para la elaboración de las propuestas de Real Decreto que hace llegar al Ministerio, lo que está generando un acusado malestar en el profesorado, que desconocía estas propuestas y no había sido informado.
El actual presidente de ACESEA y director de la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia (un centro público) fue curiosamente designado como miembro del Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas en 2007, en representación de los profesores, cuya participación en dicho Consejo es de por sí minoritaria: 12 representantes de los profesores, frente a los 17 representantes de los directores de centros.
Todos los centros públicos pertenecientes a ACESEA podrían hallarse en la misma situación irregular, a tenor de lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, que establece que pueden ser miembros de asociaciones todas las personas físicas y jurídicas, lo que excluye a los centros educativos dependientes de las Administraciones públicas.
La autorización del pago de las cuotas de dicha asociación privada con fondos de los centros públicos podría constituir un delito de malversación, tipificado en el artículo 433 del Código Penal: "La autoridad o funcionario público que destinare a usos ajenos a la función pública los caudales o efectos puestos a su cargo por razón de sus funciones, incurrirá en la pena de multa de seis a doce meses, y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a tres años."
Fuente: Coordinadora de enseñanzas artísticas superiores-CEEAASS
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