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7,51E-05
La Audiencia de Cantabria (España) ha condenado a unos padres a indemnizar a sus vecinos con 4.500 euros por las molestias que les causaba su hijo al tocar el piano, muchas veces durante nueve horas diarias, según informa
Eldiariomontanes.es.«Ni por la intensidad ni por la duración es humanamente soportable» dice el tribunal, que prohíbe además al adolescente seguir con su repertorio salvo que sus padres insonoricen adecuadamente la habitación donde se encuentra el instrumento.
Según la sentencia, la familia denunciante acudió a los tribunales en 2006 hartos de los conciertos diarios, de la otra familia, que obligaban a la hija del matrimonio denunciante a abandonar la casa familiar por la imposibilidad de estudiar y concentrarse, "situación que le provocó un estado de estrés no sólo a ella sino a todos los miembros de la familia".
En febrero de 2007 el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Santander dictó sentencia, condenando a los demandados a insonorizar la vivienda o a comprar un piano eléctrico a su hijo para cesar los ruidos, además de indemnizar con 4.500 euros a la familia por los daños psicológicos causados. Los denunciados, lejos de aquietarse a la resolución judicial, recurrieron a la Audiencia, tribunal que ahora ha respaldado íntegramente la sentencia de instancia.
La jueza de instancia, Laura Cuevas, concluyó que las emisiones sonoras procedentes del piano en que practicaba el joven, «aún previniendo del ejercicio de una actividad lícita y normal, son reiteradas, persistentes y exceden de los normalmente tolerable, vulnerando así el derecho a la intimidad de los vecinos», dando un plazo de mes y medio a los demandados para comprar un piano eléctrico o insonorizar la habitación.
Pero el procedimiento judicial llegó a la Audiencia y ahora la sección cuarta ha ratificado la condena, que es firme. Pone de manifiesto el tribunal que el pianista, «no es que use de su libertad para decidir en su beneficio cuándo toca el piano», sino que «a la vez está determinando la libertad y capacidad de obrar de la familia denunciante», a la que ha producido un daño «psicológico y moral».
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