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A lo largo de 1999 se vendieron en España discos ilegales por valor de 700 millones de pesetas, según los cálculos del departamento antipiratería de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) de España. Esta cantidad representa algo menos del 1% de la producción discográfica total del país, que durante el año pasado generó unos 75.000 millones de pesetas.Estos datos se ofrecieron ayer en la mesa redonda
La Guardia Civil y la protección de la propiedad intelectual, celebrada en el Cuartel del Conde Duque de Madrid.El director de Reproducción Mecánica de la SGAE, Juan Palomino, reveló que las ventas de discos grabables (CD-R) han alcanzado en España a lo largo de 1999 la cifra récord de 40 millones de unidades. De este total, la SGAE calcula, en función de una encuesta encargada al grupo Alef-MB, que entre el 75% y el 80% se destina a grabaciones musicales, mientras que el 20% o 25% restante recibe un uso informático o de otras características.
Laguna legalPalomino hizo hincapié en la laguna legal por la que los discos grabables no cuentan todavía en su precio de venta al público con un canon de compensación en concepto de derechos de autor. En la actualidad, tanto a las cintas de audio como de vídeo se les aplica un canon de copia privada de 30 y 50 pesetas, respectivamente, por hora de grabación. En cambio, los CD-R carecen de una tasas equivalente que compense a los autores por su trabajo.La propuesta de la SGAE consiste en que a los CD-R se les dé un trato análogo al de las cintas de audio, de modo que la presentación más habitual, la de 650megas / 74 minutos, devengue 37 pesetas por canon de copia privada."Hasta ahora, los fabricantes se hacen los remolones con el argumento de que estos discos no tienen por qué utilizarse necesariamente para la grabación de obras musicales", explicó Palomino, "pero la realidad nos indica que ya se graba muchísima música en este soporte y este tema debe resolverse cuanto antes".A todo ello se le añade un detalle técnico adicional: si el dueño de un CD-R graba en él música en formato MP3, la capacidad de ese soporte aumenta hasta los 800 minutos, el equivalente a unos doce álbumes completos.Por su parte, el asesor jurídico de la SGAE en la lucha contra la piratería, Carlos López, aseguró que la resolución de este problema pasa por una campaña de concienciación social y de sensibilización judicial. "Lo cierto es que algunos jueces todavía hacen de menos a los delitos contra la propiedad intelectual y los envían a un juzgado civil, en lugar de darles un tratamiento penal", se lamentó.En este sentido, López se mostró preocupado por la no intervención de la Fiscalía Anticorrupción en las operaciones contra la propiedad intelectual, "a pesar de que en algunas de ellas luchamos contra organizaciones criminales y mafiosas de primer orden".Por todo ello, el asesor jurídico pidió un esfuerzo social para comprender que el autor "es el eslabón más débil de la cadena creativa" y que un país con un elevado índice de piratería "es un país sin innovación tecnológica y un país que está perdiendo muchos miles de puestos de trabajo".
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