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La lucha contra la piratería discográfica en España propició a lo largo del primer trimestre de este año un total de 212 actuaciones policiales, según el último informe elaborado por la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), a través de su Unidad de Lucha contra el Delito.Las intervenciones de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado tuvieron lugar en casi todas las principales ciudades españolas --con especial incidencia en Madrid y Valencia-- y representan más del doble con respecto al mismo periodo del año pasado, que se cifraron en 114.El volumen del material incautado y el número de arrestados aumentó considerablemente con respecto al primer trimestre de 2001, gracias a intervenciones de gran envergadura como las realizadas en la Comunidad de Madrid (Operación San Cosme, Las Rozas, Triunfo) o en la costa levantina (Operación Dragón).Así, el número de detenidos en este periodo ascendió a 341 personas, frente a las 140 que pasaron a disposición judicial en 2001. En cuanto al material decomisado, las estadísticas de la SGAE también revelan un sensible incremento, con la incautación en estos tres primeros meses del año de 165.395 discos piratas y más de dos millones de carátulas (2.085.948).Estas actuaciones policiales de 2002 también se saldaron con la incautación de 14 equipos informáticos y 111 duplicadoras, mientras que el año anterior sólo se habían aprehendido un ordenador y cuatro grabadoras. Todas estas cifras "ofrecen una idea muy clara del alto grado de especialización y sofisticación que están alcanzando estas formas de delincuencia organizada", por lo que el fenómeno de la piratería "ha de seguir siendo una de las máximas preocupaciones para la SGAE", en palabras del responsable de la Unidad de Lucha contra el Delito, Pedro Farré.
Pérdidas de 150 millonesLa piratería supuso en 2001 unas pérdidas para la industria discográfica de unos 108 millones de euros. Se trata de una cifra que, de continuar la progresión actual del problema, podría rondar los 150 millones a la finalización del presente ejercicio.Este delito contra la propiedad intelectual no sólo constituye un grave fraude para la Hacienda Pública, los autores, intérpretes y demás agentes de este sector cultural; además, genera economías sumergidas y propicia el florecimiento de redes mafiosas.La pérdida de cientos de puestos de trabajo, el cierre de empresas, el freno de la inversión empresarial, la disminución del volumen de negocios con capital extranjero, etcétera, se están traduciendo en un empobrecimiento cultural a medio plazo de nuestro país.
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