Geopolítica y Relaciones internacionales

La violencia masiva contra la población civil en conflictos armados exige replanteamiento político

Juan Carlos Tellechea
Hospital destruído en Jartum Hospital destruído en Jartum © 2025 by El Tayeb Siddig / Reuter
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La catastrófica situación de la población de la Franja de Gaza domina actualmente los debates sobre política exterior y de seguridad en Europa por su particular dramatismo. Pero también en otros lugares -desde Ucrania hasta Sudán y Myanmar, pasando por la República Democrática del Congo y Haití- las guerras y los conflictos violentos están teniendo consecuencias devastadoras para la población.

En este sentido, el Secretario General de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, también describe un panorama desolador en su informe anual publicado en mayo . Al mismo tiempo, los mecanismos internacionales habituales para la resolución de conflictos se están volviendo cada vez más ineficaces. Por lo tanto, es urgente registrar sistemáticamente los cambios importantes en la situación del conflicto y, en consecuencia, reajustar los enfoques para proteger a la población civil.

Mayor cifra de muertes

Los ataques masivos contra civiles en las guerras en curso en la Franja de Gaza, Ucrania y Sudán solo reciben atención internacional ocasionalmente. Sin embargo, marcan un hecho preocupante: el número y la intensidad de los conflictos violentos han aumentado significativamente en los últimos tiempos .

En 2023, hubo más conflictos violentos que en cualquier otro momento desde la Segunda Guerra Mundial. Las tasas de mortalidad general también han aumentado notablemente. Para el período 2021-2024, estas cifras fueron las más altas desde el genocidio de Ruanda en 1994. Excluyendo este último, ello representa el mayor número de muertes en conflictos violentos desde que comenzó la recopilación de datos en 1989.

Nueva dimensión

Tras el fin de la Guerra Fría y la disolución de la Unión Soviética, los conflictos armados ya habían aumentado notablemente en la década de 1990, con un elevado número de víctimas. En aquel entonces, una tesis central era que la naturaleza y el curso de los conflictos habían cambiado radicalmente, afirman en un nuevo análisis las politólogas Dra Judith Vorrath y Aljosha Albrecht de la Fundación Ciencia y Política (SWP), gabinete estratégico que asesora al gobierno y al parlamento de Alemania. Aljoscha Albrecht fue asistente de investigación en el Grupo de Investigación de África y Oriente Medio hasta agosto de 2024. La Dra Judith Vorrath es investigadora del Grupo de Investigación de Políticas de Seguridad de la referida fundación.

Si bien la teoría de las "nuevas guerras" se basaba principalmente en argumentos cualitativos, y el término seguía siendo controvertido, dos puntos clave pudieron demostrarse empíricamente: primero, los combates entre fuerzas armadas regulares se volvieron menos frecuentes, y segundo, la violencia contra la población civil aumentó. De hecho, el número de muertes en conflictos en los últimos años es mucho mayor que el de finales de la década de 1990. Pero ¿revela esto también una nueva dimensión en el impacto de los conflictos violentos en la población civil?

Los datos: Violencia contra la población civil

El punto de referencia clave para la situación de la población civil en conflictos violentos siempre ha sido la proporción de bajas civiles y militares. Sin embargo, determinar el número exacto de bajas civiles sigue siendo difícil, a pesar de la mejora en la disponibilidad de datos. Con frecuencia no se dispone de cifras precisas y actualizadas; los intereses políticos y la propaganda dificultan la recopilación objetiva de datos.

Sin embargo, existen indicios. En total, la ONU registró al menos 33443 civiles muertos en conflictos armados en 2023. Esto representa un aumento del 72 % en un solo año, debido principalmente al elevado número de muertos en la guerra de Gaza. Además, la violencia contra los niños en zonas de crisis alcanzó un récord inconfundible en 2024, con 41370 incidentes graves desde que se presentaron los informes pertinentes de la ONU hace 30 años. Una vez más, la Franja de Gaza y Cisjordania encabezan la lista con 8544 casos, seguidas de la República Democrática del Congo, Somalia, Nigeria y Haití. Ambos informes, sobre la situación de los civiles y los niños, parten de una cifra mucho mayor.

Considerando un período más largo, no hay duda de que el número agregado de víctimas de todos los conflictos armados en curso ha aumentado considerablemente desde la década de 2000. Según el Programa de Datos de Conflictos de Uppsala (UCDP), el número anual aumentó después de 2010 , particularmente bruscamente a partir de 2020 debido a guerras con participación estatal, principalmente en Etiopía, Siria, Sudán y Ucrania, y desde octubre de 2023 en la Franja de Gaza. El hecho de que las cifras cayeran, no obstante, en 2023 se debió principalmente al fin del conflicto armado en la región de Tigray de Etiopía y al descenso en el número de muertes en Ucrania. En 2024, las cifras se estancaron , pero a un nivel mucho más alto que antes de 2021, manteniéndose aproximadamente cinco veces más altas que en 2010. Estas cifras incluyen bajas tanto civiles como militares.

En contraste, la categoría de "violencia unilateral" del UCDP incluye exclusivamente la violencia contra civiles. Entre 2010 y 2023, este tipo de violencia organizada casi se duplicó. El número de víctimas aumentó significativamente, más recientemente en 2024, debido a los ataques del denominado Estado Islámico (EI) en África y los asesinatos generalizados perpetrados por bandas armadas en Haití. Sin embargo, esto solo abarca la violencia en la que no hay combatientes entre las víctimas. En la categoría de "violencia no estatal", el número de conflictos también ha aumentado considerablemente desde 2015, mientras que el número total de víctimas se ha mantenido constante.

Esto no descarta, sin embargo, la posibilidad de un aumento drástico reciente en contextos individuales como México o Brasil. Naturalmente, en contextos caracterizados por la violencia criminal, es particularmente difícil distinguir qué víctimas pertenecían a grupos armados y cuáles a civiles. Además, las muertes en conflictos armados con participación estatal siguen representando, con diferencia, la mayor proporción. El aumento de estas cifras se debe, al menos en parte, a una mejor disponibilidad de datos en comparación con la década de 1990.

Por lo tanto, el número de personas desplazadas por la fuerza se utiliza a menudo para medir el impacto de los conflictos violentos en la población civil. A finales de 2024, alcanzó un máximo absoluto de 123,1 millones. También se observa un aumento significativo al compararlo con la población mundial. A finales de 2024, estadísticamente, una de cada 67 personas en todo el mundo se encontraba desplazada por la fuerza. Esto supone casi el doble que hace una década. La mayoría eran desplazados internos IDP). En 2024, había 73,5 millones de desplazados internos debido a conflictos y violencia. Esto representa un aumento del 9,7 % con respecto al año anterior, de alrededor del 65 % en cinco años y de casi el 94 % en diez años.

La validez de estas cifras a veces se cuestiona debido a una base creciente de personas desplazadas. Algunas personas no regresan a largo plazo o de forma permanente, incluso cuando terminan los combates. Sin embargo, recientemente se ha observado un número sorprendentemente alto de nuevas personas desplazadas por la fuerza. La mayor crisis de desplazamiento del mundo en términos absolutos se está desarrollando en Sudán. 

Desde el estallido de la guerra el 15 de abril de 2023, 12,8 millones de personas han sido desplazadas por la fuerza allí a mediados de 2024; en la Franja de Gaza, esto se aplica a más de 1,9 millones de personas desde el inicio de las hostilidades israelíes después del 7 de octubre de 2023. Alrededor del 90 por ciento de la población de la región costera ha sido desplazada al menos una vez desde entonces. En Ucrania, alrededor de 3,7 millones de personas se han convertido en desplazados internos desde el inicio de la invasión rusa a gran escala el 24 de febrero de 2022, y 6,9 millones de refugiados buscan protección en el extranjero. 

Las cifras de Myanmar, Haití y la República Democrática del Congo también han aumentado significativamente en los últimos años. La persistencia de un número elevado de personas desplazadas en Afganistán, Yemen y Etiopía refleja una situación de seguridad aún frágil en esos países.

Los datos recopilados por la organización independiente Armed Conflict Location & Event Data (ACLED) también indican una inseguridad y violencia generalizadas. ACLED mide el número de personas en un radio de cinco kilómetros alrededor de eventos de violencia organizada, definidos como escaramuzas, explosiones, violencia dirigida a distancia y violencia contra civiles. Si bien un número récord de personas huye de la violencia, el número estimado por ACLED de personas cerca de eventos de violencia organizada también ha aumentado de forma constante desde que comenzaron las mediciones en 2020, alcanzando un máximo de aproximadamente 745 millones de personas en 2024. En este corto período, los eventos de violencia organizada casi se han duplicado.

Hay abundante evidencia que sugiere que, desde el fin de la Guerra Fría, rara vez tantos civiles se han visto afectados por conflictos violentos y sus consecuencias como en la actualidad. Para evaluar si esto podría conducir a nuevos cambios en el curso del conflicto, es importante examinar las razones de la falta de protección de la población civil.

Factores impulsores de la crisis de protección

La protección inadecuada de los civiles en conflictos violentos prolongados debe describirse sin rodeos como una crisis de protección, como lo han venido haciendo diversos funcionarios de la ONU y la UE durante años. La situación de crisis puede indicar cambios cualitativos en la situación del conflicto. Para comprender esto, es necesario identificar patrones entre los actores involucrados, los medios a su disposición y la conducción de la guerra o el uso de la violencia que afectan la situación de los civiles. Si bien estos aspectos varían según el contexto, se pueden identificar algunas tendencias generales en diferentes casos y regiones.

Panorama de actores fragmentado e internacionalizado

Desde la década de 1990, y más aún desde la de 2010, se han observado dos novedades importantes en los conflictos: la creciente fragmentación de los actores armados y la creciente participación externa en los conflictos internos.

Durante el último año del período de estudio del UCDP (1989-2024), se registraron 49 actores de conflicto que utilizaron la violencia unilateral: 14 gobiernos y 35 actores no estatales. Esto significa que este pico se alcanzó por segunda vez en 2024, después de 2022. Solo se contabilizan aquellos actores que matan al menos a 25 civiles en un año mediante violencia unilateral. En general, la tendencia ha sido claramente ascendente desde la década de 2000 y se ha mantenido consistentemente por encima de 40 desde 2019. 

En 2024, también había más de 450 grupos armados en todo el mundo que plantean una preocupación humanitaria, la mayoría de ellos en África (44 %) y Oriente Medio (20 %). Esto significa que al menos 210 millones de personas viven en zonas de estado limitado que están totalmente controladas por grupos armados o en disputa. Esto tiene efectos tanto directos como indirectos, en particular en forma de acceso restringido a la ayuda humanitaria, como en las zonas controladas por el EI en Siria e Irak en la década de 2010. 

Además, los actores armados no estatales a menudo son militarmente inferiores a sus oponentes estatales y, por lo tanto, recurren a la guerra asimétrica, que afecta gravemente a la población civil.

El mayor número de grupos armados también genera mayor incertidumbre, por ejemplo, respecto a la ubicación de los frentes y a quiénes se puede atribuir la responsabilidad de los actos de violencia. En Yemen , por ejemplo, la línea de frente entre los hutíes y las tropas gubernamentales es dinámica y difícil de determinar. En la guerra de Siria y las recientes guerras en Libia, el control territorial también estuvo muy fragmentado. La multiplicidad de actores en diversos conflictos violentos también complica la protección de los civiles, ya que dificulta la comunicación o las negociaciones entre las partes en conflicto o sus partidarios y terceros, como las organizaciones humanitarias.

Además del número de actores violentos, la creciente difuminación de las fronteras entre actores estatales y no estatales es relevante. El concepto de "nuevas guerras" ya presuponía que una combinación de redes de actores estatales y no estatales -incluidas empresas de seguridad privada, caudillos y paramilitares- había reemplazado el predominio de las fuerzas armadas regulares.

Esta zona gris ahora también caracteriza a los conflictos internacionalizados. Desde principios de la década de 2010, por ejemplo, con la guerra en Siria, el número y la complejidad de los conflictos internacionalizados han aumentado notablemente. Los datos del UCDP sugieren que el número de estos conflictos ha aumentado drásticamente desde 2013, como muy tarde. Un conflicto se considera internacionalizado si al menos una de las partes en conflicto recibe apoyo militar de un gobierno externo con tropas de combate. Esta situación es preocupante para la situación de la población civil, ya que estos conflictos tienden a ser más prolongados y a tener tasas de mortalidad más altas.

Además, algunas potencias centrales o regionales intervienen ahora en conflictos violentos con una presencia militar bastante reducida, ya sea mediante el apoyo político, financiero o militar a aliados locales, el suministro de tropas mercenarias o las actividades de empresas militares privadas o híbridas. Estas actividades, como las del "Afrikakorps" ruso (anteriormente Grupo Wagner) en Libia, Malí, Sudán, la República Centroafricana (RCA) y Siria, también sirven, en parte, para ocultar la participación de otros Estados. Esto no solo desdibuja la responsabilidad en la conducción de la guerra, sino que la intervención también altera la financiación y el armamento de las partes en conflicto.

Economías de conflicto y armamento

En la década de 1990, el apoyo estatal externo a las partes en conflicto disminuyó significativamente en la mayoría de los casos. Por lo tanto, los grupos armados, en particular, recurrieron a la financiación mediante el secuestro, el saqueo y la explotación de recursos naturales como diamantes, madera y petróleo, así como al comercio de estos recursos, a veces a cambio de armas. Con frecuencia, las actividades económicas simplemente estaban gravadas. El desvío de la ayuda humanitaria se convirtió en una fuente adicional de ingresos, lo que perjudicó doblemente a la población civil. 

Muchos análisis destacaron inicialmente el aspecto explotador de estas economías de conflicto. Análisis posteriores enfatizaron que las actividades ilegales efectivamente aportaron capital político y social a algunos grupos armados, especialmente cuando la población se beneficiaba de ellas. Al mismo tiempo, los motivos económicos se convirtieron en un fin en sí mismos para algunos actores violentos, lo que dificultó la resolución de los conflictos violentos.

Hoy, la cuestión principal es cómo el renovado aumento en el apoyo de terceros países afectará la financiación y el armamento. No hay una polarización ideológica discernible en el sentido de un conflicto sistémico como durante la Guerra Fría. Sin embargo, es claro que los intereses geopolíticos están vinculados a motivos económicos tangibles. Su negociación es a menudo transaccional, y la protección de los civiles es de importancia secundaria. 

El informe final del proyecto de investigación Cross- Border Conflict Evidence, Policy and Trends (XCEPT ) subraya que la interdependencia entre las disputas geoeconómicas y geopolíticas hace que los conflictos violentos sean más prolongados hoy en día. Las intervenciones de numerosas potencias externas se caracterizan no por guerras por poderes para obtener esferas de influencia, sino por políticas de alianza pragmáticas y transaccionales.

Esto también se refleja en el armamento y el equipamiento de las partes en conflicto. Según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), el gasto militar mundial ascendió a 2.718 millones de dólares estadounidenses en 2024 , el mayor incremento anual desde la Guerra Fría. Además, se identificaron 64 países como importantes exportadores de armas para el período 2020-2024 . Hoy en día, las partes en conflicto simplemente tienen más opciones entre posibles aliados y proveedores. Si bien Estados Unidos siguió siendo el principal exportador de armas en 2020-2024, seguido de Francia, Rusia, China y Alemania, algunos países, como Turquía, han cobrado mayor importancia.

La lista de los principales países receptores incluye algunas partes (esporádicamente) activas en el conflicto. Además de los envíos de armas occidentales a Ucrania e Israel, aparecen los envíos iraníes a Rusia y a los rebeldes hutíes en Yemen. Entre los principales receptores también se incluyen algunos estados que participan de forma indirecta o encubierta en conflictos violentos, como los Emiratos Árabes Unidos (EAU), cuyos envíos de armas a veces se realizan a través de canales aparentemente humanitarios . En Sudán, los Emiratos apoyan a las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) de esta manera. Asimismo, en Yemen y Libia, los envíos de armas emiratíes contribuyeron a la escalada y continuación de los conflictos. Esto significa que en Yemen también se utilizaron armas de otros países, incluida Alemania . La lista no incluye transferencias de armas como las de Irán a sus aliados más cercanos en el llamado Eje de la Resistencia en Líbano, Irak, Yemen y anteriormente en Siria, así como a Rusia y las Fuerzas Armadas Sudanesas (FAS) en Sudán.

Un análisis de las violaciones de los embargos de armas de las Naciones Unidas en casos destacados como Libia, Somalia y la República Centroafricana desde 2015 revela además que terceros países han intervenido repetidamente en conflictos con entregas de armas más o menos encubiertas, mientras que las medidas de aplicación de la comunidad internacional han seguido siendo inadecuadas.

Al mismo tiempo, la tecnología utilizada ha cambiado. Mientras que en las décadas de 1990 y 2000, las armas procedentes de los antiguos países del Pacto de Varsovia solían entregarse o introducirse de contrabando en zonas de conflicto, hoy los drones de combate desempeñan un papel importante en muchos conflictos armados. Los drones armados atrajeron considerable atención en la guerra de Ucrania, más recientemente en junio de 2025 durante el ataque ucraniano "Spiderweb" en el interior de Rusia. Rusia, por su parte, utiliza drones iraníes, entre otros, contra infraestructuras críticas y la población civil en Ucrania. 

En la Guerra de Tigray, el gobierno etíope utilizó drones turcos Bayraktar TB2 junto con drones iraníes y chinos . En el Sahel, el uso de drones turcos también ha causado numerosas víctimas civiles. En Sudán, las Fuerzas Armadas Sudanesas (FAS) combaten a las Fuerzas de Defensa de Sudán (FRS) con drones iraníes Mohajer 6. Las FRS, a su vez, utilizan cuadricópteros obtenidos del "Afrikakorps" ruso y también de los Emiratos Árabes Unidos. Estos últimos también suministraron cuadricópteros a Etiopía y Yemen .

Los drones amplían la operatividad de los actores no estatales, en particular, y siguen siendo difíciles de regular. Sin embargo, la suposición de que los drones de combate alteran significativamente el equilibrio de poder militar no puede, en general, confirmarse, al menos en los conflictos en África. Más bien, su alcance hace que las líneas del frente sean más confusas. Es evidente que el uso de drones armados, en comparación con los sistemas de armas convencionales, reduce el umbral para el uso de la violencia. En cualquier caso, el uso de drones en algunos conflictos violentos, como en Ucrania , ha provocado un aumento del número de víctimas civiles. Dado que se puede llegar a zonas más alejadas de la línea del frente y atacar más objetivos, la amenaza para la población civil aumenta y se vuelve más impredecible, lo que también tiene efectos psicológicos negativos.

El impacto de los acontecimientos que afectan a las economías y los armamentos en situaciones de conflicto es difícil de cuantificar, pero hay algunas pruebas de que han aumentado la presión sobre los civiles.

Guerra y formas de violencia

En los conflictos violentos actuales, se superponen diversas formas de guerra y, por consiguiente, de violencia contra la población civil. Esto incluye, entre otras cosas, el uso de armas explosivas en zonas pobladas ( Armas Explosivas en Zonas Pobladas , EWIPA).

Según el Proyecto Monitor de Violencia Explosiva, 34.791 personas (73%) de las víctimas registradas de armas explosivas en 2023 fueron civiles. Esta fue la cifra más alta desde que comenzaron a recopilarse datos en 2010. El uso de armas explosivas en la guerra urbana supone un riesgo particular para la población civil, tanto directamente como a través de la destrucción de infraestructura civil. En dichas operaciones, el 90% de las personas fallecidas y heridas en 2023 fueron civiles, en comparación con solo el 13% en otras zonas.

En general, los datos muestran que los ataques aéreos han causado un número significativamente mayor de víctimas civiles en los últimos años: la cifra se ha multiplicado por más de once desde 2014. Las principales causas de las víctimas civiles causadas por la violencia explosiva en 2024 fueron Israel (55%), Rusia (19%), Myanmar (5%) y las partes beligerantes en Sudán (3%). El bombardeo generalizado de la Franja de Gaza por parte de Israel demuestra dramáticamente la gravedad del EWIPA que puede afectar a la población civil. El ejército israelí también utilizó armas antibúnkeres en la Franja de Gaza y el área metropolitana de Beirut .

Las consideraciones jurídicas internacionales sobre la proporcionalidad de la EWIPA también han quedado en el olvido en otros ámbitos. En las décadas de 2010 y 2020, la destrucción masiva de ciudades no fue infrecuente, desde Alepo y Mosul hasta Mariupol y Jartum. Los efectos del uso de la inteligencia artificial no son del todo previsibles. Sin embargo, incluso hoy en día, el uso de programas de selección de objetivos como Lavender y The Gospel , que Israel desplegó en la guerra de Gaza, plantea cuestiones éticas y jurídicas relativas a la protección de los civiles. Entre otras cosas, sigue siendo incierto cómo se puede aplicar de forma significativa el derecho internacional humanitario a estos sistemas.

El uso de artefactos explosivos improvisados (AEI) ha aumentado drásticamente desde la década de 2000, especialmente desde las guerras en Afganistán e Irak. Allí, se convirtieron en el arma principal de grupos no estatales como los talibanes, Al Qaeda y, posteriormente, ISIS y sus filiales. Desde entonces, su uso se ha expandido, por ejemplo, en Nigeria a través de grupos escindidos de Boko Haram o en Somalia por Al Shabaab. El uso de AEI casi siempre afecta a civiles. Estos artefactos explosivos se utilizan de forma premeditada, en particular para sembrar el terror. El Índice Global de Terrorismo 2024 muestra que los diez países más afectados se encuentran entre aquellos que, según el UCDP, participan en conflictos armados en curso. El número de muertos en Afganistán y Somalia ha disminuido recientemente, mientras que Israel, Palestina y la región del Sahel se han visto especialmente afectados.

Además, la violencia se dirige contra segmentos específicos de la población civil. Si bien no existe un registro anual detallado de todas las masacres de civiles, según el Proyecto de Alerta Temprana, el número de masacres ascendió a 21 en 2023, la cifra más alta de los últimos veinte años. Una masacre se define como un incidente en el que más de 1.000 civiles mueren en un país en un año debido a acciones selectivas de un grupo armado, basándose en su afiliación a un grupo en particular. Estos ataques suelen causar un gran número de víctimas en un corto período de tiempo, como en el ataque de las Fuerzas de Seguridad Revolucionarias (RSF) contra un campamento de desplazados en Ardamata, Sudán, en noviembre de 2023.

El número de casos registrados de violencia sexual y de género (VSG) en conflictos armados también ha aumentado significativamente. Entre 2021 y 2024, el número de personas que requieren servicios de apoyo por VSG en contextos de conflicto o frágiles aumentó a más del doble , pasando de 3,5 a 7,2 millones. Es probable que el número de casos no denunciados sea enorme.

Los bloqueos de las rutas de suministro también tienen un impacto masivo en las poblaciones en zonas de guerra. Casos recientes particularmente graves incluyen el cierre de la Franja de Gaza por parte de Israel , el bloqueo de las entregas de ayuda en Sudán y el bloqueo de Tigray por parte del gobierno etíope. Esto afecta no solo a los alimentos, sino también al agua, los suministros médicos y el combustible. El corte deliberado de suministros se considera un crimen de guerra, cuya documentación e investigación se dificulta por la restricción o denegación del acceso a los periodistas. Este enfoque a menudo está vinculado a la falta de refugios seguros, incluido el desprecio por las zonas seguras designadas y las rutas seguras para los trabajadores de ayuda humanitaria, quienes cada vez más se convierten en víctimas.

Un cambio notable con respecto a la década de 1990 y principios de la década de 2000 es el uso de la desinformación y el discurso de odio . Siempre han sido herramientas de guerra. Sin embargo, en plataformas como X, Facebook , TikTok o Telegram, se amplifican algorítmicamente, lo que permite la rápida difusión de imágenes enemigas y discursos de odio. Además, se utilizan para legitimar la violencia, ocultar crímenes de guerra y desacreditar a actores indeseables. Las misiones de mantenimiento de la paz de la ONU también se ven cada vez más afectadas por estos últimos.

Más protección: enfoques y opciones de acción

La necesidad de protección de civiles en conflictos violentos está aumentando, mientras que la oferta internacional disminuye. Incluso antes de que Donald Trump asumiera un segundo mandato en la Casa Blanca, los esfuerzos multilaterales de paz se veían sometidos a una presión cada vez mayor. Los estancamientos políticos en el Consejo de Seguridad de la ONU dificultan el despliegue eficaz de instrumentos como el mantenimiento de la paz, las sanciones o la mediación. Los formatos minilaterales o las coaliciones ad hoc han cobrado mayor importancia, pero a menudo operan de forma descoordinada y, en ocasiones, en conflicto entre sí. Sin embargo, desde 2014 no se han establecido nuevas misiones multidimensionales de mantenimiento de la paz de la ONU con un mandato de protección. Muchas misiones se han reducido o retirado por completo, en parte debido a la presión de los países anfitriones, a pesar de la violencia persistente, como la MINUSMA en Malí y la UNITAMS en Sudán en 2023.

En cualquier caso, es más difícil pacificar las "nuevas guerras 2.0" mediante negociaciones. Si bien la década de 1990 también fue testigo de un número particularmente elevado de conflictos armados, según la recopilación de datos de PA-X sobre acuerdos y procesos de paz , el mayor número de acuerdos de paz se firmó durante esa década, con un promedio de 75,4 al año. En cambio, entre 2020 y 2024, solo hubo 42 al año, el nivel más bajo desde el inicio de la encuesta.

La ONU se ha convertido en una figura marginal en algunos ámbitos. Sin embargo, sus instrumentos, en especial las misiones de mantenimiento de la paz, aún pueden ser importantes, ya que incluso las organizaciones regionales a veces ven limitada su capacidad de acción. La revisión de las operaciones de paz por parte de la Secretaría de la ONU, consagrada en el Pacto para el Futuro de 2024 y actualmente en curso, ofrece la oportunidad de impulsar los cambios necesarios. Sin embargo, esto no será suficiente para responder eficazmente a la actual crisis de protección, sobre todo porque la financiación para el apoyo no militar en el ámbito de la paz y la seguridad está disminuyendo drásticamente.

Además de las características de las "nuevas guerras" de las décadas de 1990 y 2000, hoy también están surgiendo elementos de las "viejas guerras". Las batallas en el sentido clásico son más escasas, debido únicamente a las innovaciones tecnológicas. Sin embargo, en conflictos internos internacionalizados y brotes de violencia entre Estados, los ejércitos vuelven a enfrentarse directamente, como ocurrió recientemente entre Tailandia y Camboya. Los conflictos violentos de las décadas de 1990 y 2000 se retrataron a menudo brevemente como vestigios del (des)orden premoderno o expresiones del fracaso estatal. Hoy en día, las ofensivas militares y las violaciones del derecho internacional humanitario parecen ser oportunas para cada vez más Estados, a veces incluso como una demostración de poder.

En el Pacto para el Futuro de los Derechos Humanos, los Estados miembros de la ONU reafirmaron su compromiso de proteger a los civiles en los conflictos armados. Ya están obligados a hacerlo en virtud del derecho internacional. Entre otros aspectos, el Pacto busca renunciar al uso de armas explosivas en zonas pobladas y fortalecer la rendición de cuentas por delitos graves y violaciones flagrantes, como la violencia sexual y el hambre como arma de guerra. Como co-moderador del Pacto para el Futuro de los Derechos Humanos, Alemania tiene un interés particular en su implementación, pero también una responsabilidad.

Por último, pero no menos importante, el gobierno alemán debe recuperar la credibilidad en su defensa de un orden basado en normas. Esto incluye dejar claro su apoyo a la Corte Internacional de Justicia y a la Corte Penal Internacional. En vista de los recortes generalizados, Alemania también debería esforzarse por crear coaliciones de quienes están dispuestos a proteger, más allá de las iniciativas de la ONU y la UE: con países dispuestos a responder juntos con mayor rapidez y eficacia en casos específicos, de conformidad con las obligaciones vigentes.

Dado que los instrumentos actuales solo son efectivos de forma limitada, es necesario analizar con mayor detenimiento los cambios estructurales en los conflictos en curso. Fundamentalmente, se necesitan datos más precisos y fiables para mejorar la prevención y la respuesta, especialmente en zonas aisladas o remotas. Las aplicaciones de colaboración abierta y las redes locales de organizaciones no gubernamentales (ONG), por ejemplo, pueden contribuir a la alerta temprana. Sin embargo, las ONG requieren apoyo financiero y logístico, así como formación. Lo mismo aplica a los actores civiles que organizan la ayuda mutua y la protección sobre el terreno, incluso sin cesar el fuego, como en Sudán .

Sin embargo, la responsabilidad de proteger a la población civil no puede transferirse únicamente al nivel local. Por el contrario, los servicios de apoyo a los Estados involucrados en conflictos violentos deben estar vinculados sistemáticamente a las condiciones para la protección de la población civil, por ejemplo, mediante auditorías rigurosas de no causar daño . Esto incluye la revisión de las exportaciones de armas planificadas, así como el uso y la mejora de la implementación y el cumplimiento de las sanciones. Solo un replanteamiento político puede sentar las bases para abordar con mayor eficacia los desafíos de las "nuevas guerras 2.0". Esto requiere un debate profundo y abierto sobre los enfoques que mejoran la protección de la población civil. Esto debe abordar tanto la motivación de los actores involucrados como sus medios y métodos.

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