Geopolítica y Relaciones internacionales
La violencia masiva contra la población civil en conflictos armados exige replanteamiento político
Hospital destruído en Jartum © 2025 by El Tayeb Siddig / Reuter
La catastrófica situación de la población de la Franja de domina actualmente los debates sobre política exterior y de seguridad en Europa por su particular dramatismo. Pero también en otros lugares -desde hasta y , pasando por la República Democrática del y - las guerras y los conflictos violentos están teniendo consecuencias devastadoras para la población.
En este sentido, el Secretario General de las
Naciones Unidas (ONU), , también describe un panorama desolador
en su informe anual publicado en mayo . Al mismo tiempo, los mecanismos
internacionales habituales para la resolución de conflictos se están volviendo
cada vez más ineficaces. Por lo tanto, es urgente registrar sistemáticamente
los cambios importantes en la situación del conflicto y, en consecuencia,
reajustar los enfoques para proteger a la población civil.
Mayor cifra de muertes
Los ataques masivos contra civiles en las
guerras en curso en la Franja de Gaza, Ucrania y Sudán solo reciben atención
internacional ocasionalmente. Sin embargo, marcan un hecho preocupante: el
número y la intensidad de los conflictos violentos han aumentado
significativamente en los últimos tiempos .
En 2023, hubo más conflictos violentos que en
cualquier otro momento desde la Segunda Guerra Mundial. Las tasas de mortalidad
general también han aumentado notablemente. Para el período 2021-2024, estas
cifras fueron las más altas desde el genocidio de en 1994. Excluyendo
este último, ello representa el mayor número de muertes en conflictos violentos
desde que comenzó la recopilación de datos en 1989.
Nueva dimensión
Tras el fin de la Guerra Fría y la disolución
de la Unión Soviética, los conflictos armados ya habían aumentado notablemente
en la década de 1990, con un elevado número de víctimas. En aquel entonces, una
tesis central era que la naturaleza y el curso de los conflictos habían
cambiado radicalmente, afirman en un nuevo análisis las politólogas Dra Judith
Vorrath y Aljosha Albrecht de la Fundación Ciencia y Política (SWP),
gabinete estratégico que asesora al gobierno y al parlamento de Alemania.
Aljoscha Albrecht fue asistente de investigación en el Grupo de Investigación
de África y Oriente Medio hasta agosto de 2024. La Dra Judith Vorrath es
investigadora del Grupo de Investigación de Políticas de Seguridad de la
referida fundación.
Si bien la teoría de las "nuevas
guerras" se basaba principalmente en argumentos cualitativos, y el término
seguía siendo controvertido, dos puntos clave pudieron demostrarse
empíricamente: primero, los combates entre fuerzas armadas regulares se
volvieron menos frecuentes, y segundo, la violencia contra la población civil
aumentó. De hecho, el número de muertes en conflictos en los últimos años es
mucho mayor que el de finales de la década de 1990. Pero ¿revela esto también
una nueva dimensión en el impacto de los conflictos violentos en la población
civil?
Los datos: Violencia contra la población
civil
El punto de referencia clave para la situación
de la población civil en conflictos violentos siempre ha sido la proporción de
bajas civiles y militares. Sin embargo, determinar el número exacto de bajas
civiles sigue siendo difícil, a pesar de la mejora en la disponibilidad de
datos. Con frecuencia no se dispone de cifras precisas y actualizadas; los
intereses políticos y la propaganda dificultan la recopilación objetiva de
datos.
Sin embargo, existen indicios. En total, la ONU
registró al menos 33443 civiles muertos en conflictos armados en 2023. Esto
representa un aumento del 72 % en un solo año, debido principalmente al elevado
número de muertos en la guerra de Gaza. Además, la violencia contra los niños
en zonas de crisis alcanzó un récord inconfundible en 2024, con 41370
incidentes graves desde que se presentaron los informes pertinentes de la ONU
hace 30 años. Una vez más, la Franja de Gaza y encabezan la lista con
8544 casos, seguidas de la República Democrática del Congo, , y
Haití. Ambos informes, sobre la situación de los civiles y los niños, parten de
una cifra mucho mayor.
Considerando un período más largo, no hay duda
de que el número agregado de víctimas de todos los conflictos armados en curso
ha aumentado considerablemente desde la década de 2000. Según el Programa de
Datos de Conflictos de Uppsala (UCDP), el número anual aumentó después de 2010
, particularmente bruscamente a partir de 2020 debido a guerras con
participación estatal, principalmente en ,, Sudán y Ucrania, y
desde octubre de 2023 en la Franja de Gaza. El hecho de que las cifras cayeran,
no obstante, en 2023 se debió principalmente al fin del conflicto armado en la
región de Tigray de Etiopía y al descenso en el número de muertes en Ucrania.
En 2024, las cifras se estancaron , pero a un nivel mucho más alto que antes de
2021, manteniéndose aproximadamente cinco veces más altas que en 2010. Estas
cifras incluyen bajas tanto civiles como militares.
En contraste, la categoría de "violencia
unilateral" del UCDP incluye exclusivamente la violencia contra civiles.
Entre 2010 y 2023, este tipo de violencia organizada casi se duplicó. El número
de víctimas aumentó significativamente, más recientemente en 2024, debido a los
ataques del denominado (EI) en África y los asesinatos
generalizados perpetrados por bandas armadas en Haití. Sin embargo, esto solo
abarca la violencia en la que no hay combatientes entre las víctimas. En la
categoría de "violencia no estatal", el número de conflictos también
ha aumentado considerablemente desde 2015, mientras que el número total de
víctimas se ha mantenido constante.
Esto no descarta, sin embargo, la posibilidad
de un aumento drástico reciente en contextos individuales como México o Brasil.
Naturalmente, en contextos caracterizados por la violencia criminal, es
particularmente difícil distinguir qué víctimas pertenecían a grupos armados y
cuáles a civiles. Además, las muertes en conflictos armados con participación
estatal siguen representando, con diferencia, la mayor proporción. El aumento
de estas cifras se debe, al menos en parte, a una mejor disponibilidad de datos
en comparación con la década de 1990.
Por lo tanto, el número de personas desplazadas
por la fuerza se utiliza a menudo para medir el impacto de los conflictos
violentos en la población civil. A finales de 2024, alcanzó un máximo absoluto
de 123,1 millones. También se observa un aumento significativo al compararlo
con la población mundial. A finales de 2024, estadísticamente, una de cada 67
personas en todo el mundo se encontraba desplazada por la fuerza. Esto supone
casi el doble que hace una década. La mayoría eran desplazados internos IDP). En
2024, había 73,5 millones de desplazados internos debido a conflictos y
violencia. Esto representa un aumento del 9,7 % con respecto al año anterior,
de alrededor del 65 % en cinco años y de casi el 94 % en diez años.
La validez de estas cifras a veces se cuestiona debido a una base creciente de personas desplazadas. Algunas personas no regresan a largo plazo o de forma permanente, incluso cuando terminan los combates. Sin embargo, recientemente se ha observado un número sorprendentemente alto de nuevas personas desplazadas por la fuerza. La mayor crisis de desplazamiento del mundo en términos absolutos se está desarrollando en Sudán.
Desde el estallido de la guerra el 15 de abril de 2023, 12,8 millones de personas han sido desplazadas por la fuerza allí a mediados de 2024; en la Franja de Gaza, esto se aplica a más de 1,9 millones de personas desde el inicio de las hostilidades israelíes después del 7 de octubre de 2023. Alrededor del 90 por ciento de la población de la región costera ha sido desplazada al menos una vez desde entonces. En Ucrania, alrededor de 3,7 millones de personas se han convertido en desplazados internos desde el inicio de la invasión rusa a gran escala el 24 de febrero de 2022, y 6,9 millones de refugiados buscan protección en el extranjero.
Las cifras de Myanmar, Haití y
la República Democrática del Congo también han aumentado significativamente en
los últimos años. La persistencia de un número elevado de personas desplazadas
en , y Etiopía refleja una situación de seguridad aún frágil en
esos países.
Los datos recopilados por la organización
independiente Armed Conflict Location & Event Data (ACLED) también indican
una inseguridad y violencia generalizadas. ACLED mide el número de personas en
un radio de cinco kilómetros alrededor de eventos de violencia organizada,
definidos como escaramuzas, explosiones, violencia dirigida a distancia y
violencia contra civiles. Si bien un número récord de personas huye de la
violencia, el número estimado por ACLED de personas cerca de eventos de
violencia organizada también ha aumentado de forma constante desde que
comenzaron las mediciones en 2020, alcanzando un máximo de aproximadamente 745
millones de personas en 2024. En este corto período, los eventos de violencia
organizada casi se han duplicado.
Hay abundante evidencia que sugiere que, desde
el fin de la Guerra Fría, rara vez tantos civiles se han visto afectados por
conflictos violentos y sus consecuencias como en la actualidad. Para evaluar si
esto podría conducir a nuevos cambios en el curso del conflicto, es importante
examinar las razones de la falta de protección de la población civil.
Factores impulsores de la crisis de protección
La protección inadecuada de los civiles en
conflictos violentos prolongados debe describirse sin rodeos como una crisis de
protección, como lo han venido haciendo diversos funcionarios de la ONU y la UE
durante años. La situación de crisis puede indicar cambios cualitativos en la
situación del conflicto. Para comprender esto, es necesario identificar
patrones entre los actores involucrados, los medios a su disposición y la
conducción de la guerra o el uso de la violencia que afectan la situación de
los civiles. Si bien estos aspectos varían según el contexto, se pueden
identificar algunas tendencias generales en diferentes casos y regiones.
Panorama de actores fragmentado e internacionalizado
Desde la década de 1990, y más aún desde la de
2010, se han observado dos novedades importantes en los conflictos: la
creciente fragmentación de los actores armados y la creciente participación
externa en los conflictos internos.
Durante el último año del período de estudio del UCDP (1989-2024), se registraron 49 actores de conflicto que utilizaron la violencia unilateral: 14 gobiernos y 35 actores no estatales. Esto significa que este pico se alcanzó por segunda vez en 2024, después de 2022. Solo se contabilizan aquellos actores que matan al menos a 25 civiles en un año mediante violencia unilateral. En general, la tendencia ha sido claramente ascendente desde la década de 2000 y se ha mantenido consistentemente por encima de 40 desde 2019.
En 2024, también había más de 450 grupos armados en todo el mundo que plantean una preocupación humanitaria, la mayoría de ellos en África (44 %) y Oriente Medio (20 %). Esto significa que al menos 210 millones de personas viven en zonas de estado limitado que están totalmente controladas por grupos armados o en disputa. Esto tiene efectos tanto directos como indirectos, en particular en forma de acceso restringido a la ayuda humanitaria, como en las zonas controladas por el EI en Siria e Irak en la década de 2010.
Además, los actores armados no estatales a menudo son
militarmente inferiores a sus oponentes estatales y, por lo tanto, recurren a
la guerra asimétrica, que afecta gravemente a la población civil.
El mayor número de grupos armados también
genera mayor incertidumbre, por ejemplo, respecto a la ubicación de los frentes
y a quiénes se puede atribuir la responsabilidad de los actos de violencia. En
Yemen , por ejemplo, la línea de frente entre los hutíes y las tropas
gubernamentales es dinámica y difícil de determinar. En la guerra de Siria y
las recientes guerras en , el control territorial también estuvo muy
fragmentado. La multiplicidad de actores en diversos conflictos violentos
también complica la protección de los civiles, ya que dificulta la comunicación
o las negociaciones entre las partes en conflicto o sus partidarios y terceros,
como las organizaciones humanitarias.
Además del número de actores violentos, la
creciente difuminación de las fronteras entre actores estatales y no estatales
es relevante. El concepto de "nuevas guerras" ya presuponía que una
combinación de redes de actores estatales y no estatales -incluidas empresas de
seguridad privada, caudillos y paramilitares- había reemplazado el predominio
de las fuerzas armadas regulares.
Esta zona gris ahora también caracteriza a los
conflictos internacionalizados. Desde principios de la década de 2010, por
ejemplo, con la guerra en Siria, el número y la complejidad de los conflictos
internacionalizados han aumentado notablemente. Los datos del UCDP sugieren que
el número de estos conflictos ha aumentado drásticamente desde 2013, como muy
tarde. Un conflicto se considera internacionalizado si al menos una de las
partes en conflicto recibe apoyo militar de un gobierno externo con tropas de combate.
Esta situación es preocupante para la situación de la población civil, ya que
estos conflictos tienden a ser más prolongados y a tener tasas de mortalidad
más altas.
Además, algunas potencias centrales o
regionales intervienen ahora en conflictos violentos con una presencia militar
bastante reducida, ya sea mediante el apoyo político, financiero o militar a
aliados locales, el suministro de tropas mercenarias o las actividades de
empresas militares privadas o híbridas. Estas actividades, como las del
"Afrikakorps" ruso (anteriormente Grupo Wagner) en Libia, ,
Sudán, la (RCA) y Siria, también sirven, en parte,
para ocultar la participación de otros Estados. Esto no solo desdibuja la
responsabilidad en la conducción de la guerra, sino que la intervención también
altera la financiación y el armamento de las partes en conflicto.
Economías de conflicto y armamento
En la década de 1990, el apoyo estatal externo a las partes en conflicto disminuyó significativamente en la mayoría de los casos. Por lo tanto, los grupos armados, en particular, recurrieron a la financiación mediante el secuestro, el saqueo y la explotación de recursos naturales como diamantes, madera y petróleo, así como al comercio de estos recursos, a veces a cambio de armas. Con frecuencia, las actividades económicas simplemente estaban gravadas. El desvío de la ayuda humanitaria se convirtió en una fuente adicional de ingresos, lo que perjudicó doblemente a la población civil.
Muchos análisis destacaron inicialmente el aspecto explotador de estas
economías de conflicto. Análisis posteriores enfatizaron que las actividades
ilegales efectivamente aportaron capital político y social a algunos grupos
armados, especialmente cuando la población se beneficiaba de ellas. Al mismo
tiempo, los motivos económicos se convirtieron en un fin en sí mismos para
algunos actores violentos, lo que dificultó la resolución de los conflictos
violentos.
Hoy, la cuestión principal es cómo el renovado aumento en el apoyo de terceros países afectará la financiación y el armamento. No hay una polarización ideológica discernible en el sentido de un conflicto sistémico como durante la Guerra Fría. Sin embargo, es claro que los intereses geopolíticos están vinculados a motivos económicos tangibles. Su negociación es a menudo transaccional, y la protección de los civiles es de importancia secundaria.
El informe final del proyecto de investigación Cross- Border Conflict
Evidence, Policy and Trends (XCEPT ) subraya que la interdependencia entre las
disputas geoeconómicas y geopolíticas hace que los conflictos violentos sean
más prolongados hoy en día. Las intervenciones de numerosas potencias externas
se caracterizan no por guerras por poderes para obtener esferas de influencia,
sino por políticas de alianza pragmáticas y transaccionales.
Esto también se refleja en el armamento y el
equipamiento de las partes en conflicto. Según el Instituto Internacional de
Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), el gasto militar mundial
ascendió a 2.718 millones de dólares estadounidenses en 2024 , el mayor
incremento anual desde la Guerra Fría. Además, se identificaron 64 países como
importantes exportadores de armas para el período 2020-2024 . Hoy en día, las
partes en conflicto simplemente tienen más opciones entre posibles aliados y
proveedores. Si bien Estados Unidos siguió siendo el principal exportador de
armas en 2020-2024, seguido de Francia, Rusia, China y Alemania, algunos
países, como , han cobrado mayor importancia.
La lista de los principales países receptores
incluye algunas partes (esporádicamente) activas en el conflicto. Además de los
envíos de armas occidentales a Ucrania e , aparecen los envíos iraníes a
Rusia y a los rebeldes hutíes en Yemen. Entre los principales receptores
también se incluyen algunos estados que participan de forma indirecta o
encubierta en conflictos violentos, como los Emiratos Árabes Unidos (EAU),
cuyos envíos de armas a veces se realizan a través de canales aparentemente
humanitarios . En Sudán, los Emiratos apoyan a las Fuerzas de Apoyo Rápido
(FAR) de esta manera. Asimismo, en Yemen y Libia, los envíos de armas emiratíes
contribuyeron a la escalada y continuación de los conflictos. Esto significa
que en Yemen también se utilizaron armas de otros países, incluida Alemania .
La lista no incluye transferencias de armas como las de Irán a sus aliados más
cercanos en el llamado Eje de la Resistencia en Líbano, , Yemen y
anteriormente en Siria, así como a Rusia y las Fuerzas Armadas Sudanesas (FAS)
en Sudán.
Un análisis de las violaciones de los embargos
de armas de las Naciones Unidas en casos destacados como Libia, Somalia y la
República Centroafricana desde 2015 revela además que terceros países han
intervenido repetidamente en conflictos con entregas de armas más o menos
encubiertas, mientras que las medidas de aplicación de la comunidad
internacional han seguido siendo inadecuadas.
Al mismo tiempo, la tecnología utilizada ha cambiado. Mientras que en las décadas de 1990 y 2000, las armas procedentes de los antiguos países del Pacto de Varsovia solían entregarse o introducirse de contrabando en zonas de conflicto, hoy los drones de combate desempeñan un papel importante en muchos conflictos armados. Los drones armados atrajeron considerable atención en la guerra de Ucrania, más recientemente en junio de 2025 durante el ataque ucraniano "Spiderweb" en el interior de Rusia. Rusia, por su parte, utiliza drones iraníes, entre otros, contra infraestructuras críticas y la población civil en Ucrania.
En la Guerra de, el gobierno etíope utilizó drones turcos Bayraktar TB2 junto con drones
iraníes y chinos . En el , el uso de drones turcos también ha causado
numerosas víctimas civiles. En Sudán, las Fuerzas Armadas Sudanesas (FAS)
combaten a las Fuerzas de Defensa de Sudán (FRS) con drones iraníes Mohajer 6.
Las FRS, a su vez, utilizan cuadricópteros obtenidos del "Afrikakorps"
ruso y también de los Emiratos Árabes Unidos. Estos últimos también
suministraron cuadricópteros a Etiopía y Yemen .
Los drones amplían la operatividad de los
actores no estatales, en particular, y siguen siendo difíciles de regular. Sin
embargo, la suposición de que los drones de combate alteran significativamente
el equilibrio de poder militar no puede, en general, confirmarse, al menos en
los conflictos en África. Más bien, su alcance hace que las líneas del frente
sean más confusas. Es evidente que el uso de drones armados, en comparación con
los sistemas de armas convencionales, reduce el umbral para el uso de la violencia.
En cualquier caso, el uso de drones en algunos conflictos violentos, como en
Ucrania , ha provocado un aumento del número de víctimas civiles. Dado que se
puede llegar a zonas más alejadas de la línea del frente y atacar más
objetivos, la amenaza para la población civil aumenta y se vuelve más
impredecible, lo que también tiene efectos psicológicos negativos.
El impacto de los acontecimientos que afectan a
las economías y los armamentos en situaciones de conflicto es difícil de cuantificar,
pero hay algunas pruebas de que han aumentado la presión sobre los civiles.
Guerra y formas de violencia
En los conflictos violentos actuales, se
superponen diversas formas de guerra y, por consiguiente, de violencia contra
la población civil. Esto incluye, entre otras cosas, el uso de armas explosivas
en zonas pobladas ( Armas Explosivas en Zonas Pobladas , EWIPA).
Según el Proyecto Monitor de Violencia
Explosiva, 34.791 personas (73%) de las víctimas registradas de armas
explosivas en 2023 fueron civiles. Esta fue la cifra más alta desde que
comenzaron a recopilarse datos en 2010. El uso de armas explosivas en la guerra
urbana supone un riesgo particular para la población civil, tanto directamente
como a través de la destrucción de infraestructura civil. En dichas
operaciones, el 90% de las personas fallecidas y heridas en 2023 fueron
civiles, en comparación con solo el 13% en otras zonas.
En general, los datos muestran que los ataques
aéreos han causado un número significativamente mayor de víctimas civiles en
los últimos años: la cifra se ha multiplicado por más de once desde 2014. Las
principales causas de las víctimas civiles causadas por la violencia explosiva
en 2024 fueron Israel (55%), Rusia (19%), Myanmar (5%) y las partes
beligerantes en Sudán (3%). El bombardeo generalizado de la Franja de Gaza por
parte de Israel demuestra dramáticamente la gravedad del EWIPA que puede
afectar a la población civil. El ejército israelí también utilizó armas
antibúnkeres en la Franja de Gaza y el área metropolitana de .
Las consideraciones jurídicas internacionales
sobre la proporcionalidad de la EWIPA también han quedado en el olvido en otros
ámbitos. En las décadas de 2010 y 2020, la destrucción masiva de ciudades no
fue infrecuente, desde y hasta y Jartum. Los efectos del
uso de la inteligencia artificial no son del todo previsibles. Sin embargo,
incluso hoy en día, el uso de programas de selección de objetivos como Lavender
y The Gospel , que Israel desplegó en la guerra de Gaza, plantea cuestiones
éticas y jurídicas relativas a la protección de los civiles. Entre otras cosas,
sigue siendo incierto cómo se puede aplicar de forma significativa el derecho
internacional humanitario a estos sistemas.
El uso de artefactos explosivos improvisados
(AEI) ha aumentado drásticamente desde la década de 2000, especialmente desde
las guerras en Afganistán e Irak. Allí, se convirtieron en el arma principal de
grupos no estatales como los talibanes, y, posteriormente, ISIS y sus
filiales. Desde entonces, su uso se ha expandido, por ejemplo, en Nigeria a
través de grupos escindidos de Boko Haram o en Somalia por Al Shabaab. El uso
de AEI casi siempre afecta a civiles. Estos artefactos explosivos se utilizan
de forma premeditada, en particular para sembrar el terror. El Índice Global de
Terrorismo 2024 muestra que los diez países más afectados se encuentran entre
aquellos que, según el UCDP, participan en conflictos armados en curso. El
número de muertos en Afganistán y Somalia ha disminuido recientemente, mientras
que Israel, Palestina y la región del Sahel se han visto especialmente
afectados.
Además, la violencia se dirige contra segmentos
específicos de la población civil. Si bien no existe un registro anual
detallado de todas las masacres de civiles, según el Proyecto de Alerta
Temprana, el número de masacres ascendió a 21 en 2023, la cifra más alta de los
últimos veinte años. Una masacre se define como un incidente en el que más de
1.000 civiles mueren en un país en un año debido a acciones selectivas de un
grupo armado, basándose en su afiliación a un grupo en particular. Estos
ataques suelen causar un gran número de víctimas en un corto período de tiempo,
como en el ataque de las Fuerzas de Seguridad Revolucionarias (RSF) contra un
campamento de desplazados en Ardamata, Sudán, en noviembre de 2023.
El número de casos registrados de violencia
sexual y de género (VSG) en conflictos armados también ha aumentado
significativamente. Entre 2021 y 2024, el número de personas que requieren
servicios de apoyo por VSG en contextos de conflicto o frágiles aumentó a más
del doble , pasando de 3,5 a 7,2 millones. Es probable que el número de casos
no denunciados sea enorme.
Los bloqueos de las rutas de suministro también
tienen un impacto masivo en las poblaciones en zonas de guerra. Casos recientes
particularmente graves incluyen el cierre de la Franja de Gaza por parte de
Israel , el bloqueo de las entregas de ayuda en Sudán y el bloqueo de Tigray
por parte del gobierno etíope. Esto afecta no solo a los alimentos, sino
también al agua, los suministros médicos y el combustible. El corte deliberado
de suministros se considera un crimen de guerra, cuya documentación e investigación
se dificulta por la restricción o denegación del acceso a los periodistas. Este
enfoque a menudo está vinculado a la falta de refugios seguros, incluido el
desprecio por las zonas seguras designadas y las rutas seguras para los
trabajadores de ayuda humanitaria, quienes cada vez más se convierten en
víctimas.
Un cambio notable con respecto a la década de
1990 y principios de la década de 2000 es el uso de la desinformación y el
discurso de odio . Siempre han sido herramientas de guerra. Sin embargo, en
plataformas como X, Facebook , TikTok o Telegram, se amplifican
algorítmicamente, lo que permite la rápida difusión de imágenes enemigas y
discursos de odio. Además, se utilizan para legitimar la violencia, ocultar
crímenes de guerra y desacreditar a actores indeseables. Las misiones de
mantenimiento de la paz de la ONU también se ven cada vez más afectadas por
estos últimos.
Más protección: enfoques y opciones de acción
La necesidad de protección de civiles en
conflictos violentos está aumentando, mientras que la oferta internacional
disminuye. Incluso antes de que Donald Trump asumiera un segundo mandato en la
Casa Blanca, los esfuerzos multilaterales de paz se veían sometidos a una
presión cada vez mayor. Los estancamientos políticos en el Consejo de Seguridad
de la ONU dificultan el despliegue eficaz de instrumentos como el mantenimiento
de la paz, las sanciones o la mediación. Los formatos minilaterales o las coaliciones
ad hoc han cobrado mayor importancia, pero a menudo operan de forma
descoordinada y, en ocasiones, en conflicto entre sí. Sin embargo, desde 2014
no se han establecido nuevas misiones multidimensionales de mantenimiento de la
paz de la ONU con un mandato de protección. Muchas misiones se han reducido o
retirado por completo, en parte debido a la presión de los países anfitriones,
a pesar de la violencia persistente, como la MINUSMA en Malí y la UNITAMS en
Sudán en 2023.
En cualquier caso, es más difícil pacificar las
"nuevas guerras 2.0" mediante negociaciones. Si bien la década de
1990 también fue testigo de un número particularmente elevado de conflictos
armados, según la recopilación de datos de PA-X sobre acuerdos y procesos de
paz , el mayor número de acuerdos de paz se firmó durante esa década, con un
promedio de 75,4 al año. En cambio, entre 2020 y 2024, solo hubo 42 al año, el
nivel más bajo desde el inicio de la encuesta.
La ONU se ha convertido en una figura marginal
en algunos ámbitos. Sin embargo, sus instrumentos, en especial las misiones de
mantenimiento de la paz, aún pueden ser importantes, ya que incluso las organizaciones
regionales a veces ven limitada su capacidad de acción. La revisión de las
operaciones de paz por parte de la Secretaría de la ONU, consagrada en el Pacto
para el Futuro de 2024 y actualmente en curso, ofrece la oportunidad de
impulsar los cambios necesarios. Sin embargo, esto no será suficiente para
responder eficazmente a la actual crisis de protección, sobre todo porque la
financiación para el apoyo no militar en el ámbito de la paz y la seguridad
está disminuyendo drásticamente.
Además de las características de las
"nuevas guerras" de las décadas de 1990 y 2000, hoy también están
surgiendo elementos de las "viejas guerras". Las batallas en el
sentido clásico son más escasas, debido únicamente a las innovaciones
tecnológicas. Sin embargo, en conflictos internos internacionalizados y brotes
de violencia entre Estados, los ejércitos vuelven a enfrentarse directamente,
como ocurrió recientemente entre y . Los conflictos violentos
de las décadas de 1990 y 2000 se retrataron a menudo brevemente como vestigios
del (des)orden premoderno o expresiones del fracaso estatal. Hoy en día, las
ofensivas militares y las violaciones del derecho internacional humanitario
parecen ser oportunas para cada vez más Estados, a veces incluso como una
demostración de poder.
En el Pacto para el Futuro de los Derechos
Humanos, los Estados miembros de la ONU reafirmaron su compromiso de proteger a
los civiles en los conflictos armados. Ya están obligados a hacerlo en virtud
del derecho internacional. Entre otros aspectos, el Pacto busca renunciar al
uso de armas explosivas en zonas pobladas y fortalecer la rendición de cuentas
por delitos graves y violaciones flagrantes, como la violencia sexual y el
hambre como arma de guerra. Como co-moderador del Pacto para el Futuro de los
Derechos Humanos, Alemania tiene un interés particular en su implementación,
pero también una responsabilidad.
Por último, pero no menos importante, el
gobierno alemán debe recuperar la credibilidad en su defensa de un orden basado
en normas. Esto incluye dejar claro su apoyo a la Corte Internacional de
Justicia y a la Corte Penal Internacional. En vista de los recortes
generalizados, Alemania también debería esforzarse por crear coaliciones de
quienes están dispuestos a proteger, más allá de las iniciativas de la ONU y la
UE: con países dispuestos a responder juntos con mayor rapidez y eficacia en
casos específicos, de conformidad con las obligaciones vigentes.
Dado que los instrumentos actuales solo son
efectivos de forma limitada, es necesario analizar con mayor detenimiento los
cambios estructurales en los conflictos en curso. Fundamentalmente, se
necesitan datos más precisos y fiables para mejorar la prevención y la
respuesta, especialmente en zonas aisladas o remotas. Las aplicaciones de
colaboración abierta y las redes locales de organizaciones no gubernamentales
(ONG), por ejemplo, pueden contribuir a la alerta temprana. Sin embargo, las
ONG requieren apoyo financiero y logístico, así como formación. Lo mismo aplica
a los actores civiles que organizan la ayuda mutua y la protección sobre el
terreno, incluso sin cesar el fuego, como en Sudán .
Sin embargo, la responsabilidad de proteger a
la población civil no puede transferirse únicamente al nivel local. Por el
contrario, los servicios de apoyo a los Estados involucrados en conflictos
violentos deben estar vinculados sistemáticamente a las condiciones para la
protección de la población civil, por ejemplo, mediante auditorías rigurosas de
no causar daño . Esto incluye la revisión de las exportaciones de armas
planificadas, así como el uso y la mejora de la implementación y el
cumplimiento de las sanciones. Solo un replanteamiento político puede sentar
las bases para abordar con mayor eficacia los desafíos de las "nuevas
guerras 2.0". Esto requiere un debate profundo y abierto sobre los
enfoques que mejoran la protección de la población civil. Esto debe abordar
tanto la motivación de los actores involucrados como sus medios y métodos.
Comentarios