Geopolítica y Relaciones internacionales
OTAN y UE: urge ciberseguridad ante la guerra híbrida que Putin intensifica aún más en Europa
Centro de control de Deutsche Telekom en Bonn © 2025 by Ulrich Baumgarter / SWP
Drones rusos espían en Alemania y Europa rutas de transporte de armas hacia Ucrania estrictamente secretas, según los servicios de inteligencia de la OTAN y de la Unión Europea (UE). La información recopilada por agentes secretos rusos podrán ser utilizados para llevar a cabo actos de sabotaje por encargo del Kremlin.
Altos representantes de Estados Unidos y de la
UE han tomado cartas en este asunto particularmente grave. El servicio de
contraespionaje de Alemania, que conoce el amplio espectro de actividades rusas
en este país, ha adoptado ya un plan de acción y redefinió sus prioridades. Los
cuarteles y las bases militares han elevado su nivel de alerta máxima y están
bajo vigilancia especial.
Protección
Según el vicepresidente de la Oficina Federal
alemana para la Protección de la Constitución, Sinan Selen:
El presidente ruso Vladimir Putin considera a Alemania un objetivo clave en Europa. El propósito es avivar el miedo y la inseguridad y sembrar dudas sobre la democracia.
El gobierno de Alemania impulsa en estos días
un proyecto de ley para proteger mejor sus redes e instalaciones de suministro
contra estos actos de sabotaje.
Asesinatos
Rusia ha cambiado su estrategia en los últimos
años tras la expulsión de más de 750 diplomáticos rusos en toda Europa. Se
trataba de personal, muy bien adiestrado, entre otros por el Servicio de
Inteligencia Exterior (CBP, Служба Внешней Разведки), que estaba
encargado de cumplir “tareas sucias” de toda índole en operaciones encubiertas
o coercitivas. Ahora utiliza elementos no tan entrenados para causar daños muy
peligrosos.
Además de los ciberataques, las intensas
actividades rusas en Alemania y en la UE incluyen desinformación, sabotaje
descarado y asesinatos (como el reciente, del que fue víctima un ex presidente
del parlamento de Ucrania). Los últimos acontecimientos en Europa podrían
deberse al espionaje ruso. Por ejemplo, el incidente del avión que transportaba
desde Polonia a Bulgaria a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula , blanco de interferencias de su sistema satelital de navegación GPS; incendios
en instalaciones militares británicas; y el ataque a un terraplén ferroviario
en Noruega. Diversos intentos de cortar cables submarinos de comunicación en el
mar Báltico también podrían deberse a las actividades de espionaje rusas.
Cinco importantes enfoques
La amenaza en el ciberespacio y el espacio de
la información proviene principalmente de Estados autoritarios como Rusia,
China, Corea del Norte e Irán, que utilizan redes híbridas de actores estatales
y no estatales para ocultar su responsabilidad y agravar los conflictos, afirma
un reciente e importante estudio de la Dra Annegret
Bendiek y del investigador Jakob Bund,
de la Fundación Ciencia y Política (SWP), gabinete estratégico con sede en
Berlín que asesora al gobierno y al parlamento de Alemania. El análisis fue
publicado por la SWP bajo licencia CCBY 4.0.
La Dra Annegret Bendiek es codirectora del
clúster Ciberseguridad y política digital y miembro sénior del grupo de
investigación UE/Europa. Jakob Bund es investigador del grupo de investigación
UE/Europa. La autora y el autor son miembros del consorcio de investigación
European Repository of Cyber Incidents (EuRepoC, www.eurepoc.eu). La
investigación para este informe ha sido posible gracias al apoyo del Ministerio
Federal de Relaciones Exteriores de Alemania.
Sinergías
Los análisis a largo plazo ponen de manifiesto
su elevada actividad operativa y la creciente mezcla de roles de los actores.
La UE responde a ello con un amplio marco de reacción diplomática, cuyo efecto,
sin embargo, es muy controvertido. Por lo tanto, una reforma fundamental de la
política europea de ciberseguridad debería seguir el principio de Jano: esto
es, someterse sistemáticamente a una revisión de las estructuras y procesos
ineficaces, al tiempo que se tienen en cuenta los avances tecnológicos. En el
citado estudio se ofrecen cinco enfoques de reforma concretos (que se verán más
abajo) para la postura cibernética de la UE con el fin de aprovechar las
sinergias y encontrar una respuesta eficaz y sólida a las amenazas dinámicas.
Equívocos
Como es lógico, el Kremlin desmiente todos
estos informes. Al portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, su superior inmediato, ex
agente del KGB (Комите́т
госуда́рственной безопа́сности) en la extinta Alemania Oriental (RDA),
le instruyó expresamente para que declarara que:
Es difícil imaginar que los alemanes no se hayan dado cuenta y hayan guardado silencio al respecto.
Desafíos
Maksym
Beznosiuk, un especialista en política estratégica cuyo trabajo se
centra en la evolución de la estrategia militar e híbrida de Rusia, la
cooperación entre la UE y Ucrania y la reconstrucción de Ucrania, advierte en
otro análisis publicado por el gabinete estratégico Atlantic Council, de
Washington DC, que:
Esta campaña de guerra no convencional ha cobrado impulso durante varios años y plantea importantes desafíos de seguridad que requieren una mayor coordinación entre los gobiernos europeos.
Fase inicial
La jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, destacó la
magnitud del peligro en una declaración de julio pasado en la que condenaba lo
que denominó “las persistentes campañas híbridas de Rusia” contra los Estados
miembros de la UE. Según Kallas, la lista de actividades de guerra híbrida
rusas en Europa incluye ciberataques, sabotajes, interrupción de
infraestructuras críticas, ataques físicos, manipulación e interferencia de
información, y otras acciones encubiertas o coercitivas.
El régimen de Putin ha dedicado más de una
década a perfeccionar su estrategia de guerra híbrida. Muchas de las tácticas
que se emplean actualmente contra los países de la UE se desarrollaron durante
la fase inicial de la guerra rusa en Ucrania, a partir de 2014. Esto permitió
al Kremlin mantener un grado de negación plausible mientras trabajaba
activamente para desestabilizar y debilitar al Estado ucraniano desde dentro.
Desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en
febrero de 2022, la guerra híbrida del Kremlin contra Europa también ha entrado
en una nueva fase más intensa.
Aficionados más peligrosos
Funcionarios de inteligencia europeos
informaron a la agencia Associated Press en julio pasado que el riesgo de
lesiones graves o muerte está aumentando en toda Europa, ante las acusaciones
de que Rusia está reclutando a saboteadores sin entrenamiento a través de
internet para provocar incendios cerca de viviendas y negocios, colocar
explosivos y fabricar bombas. Según estos informes, Rusia se ha visto obligada
a recurrir cada vez más a aficionados, ya que cientos de espías de Moscú han
sido expulsados de países europeos en los últimos años, en medio de las
crecientes tensiones entre Rusia y Occidente.
Actualmente, Rusia está acusada de cometer
diversos actos de agresión cada vez más ambiciosos dentro de la Unión Europea.
En Polonia, un incendio masivo que destruyó más de 1400 tiendas y
establecimientos de servicios en un centro comercial de Varsovia se ha
vinculado con la inteligencia rusa, lo que provocó el cierre del consulado ruso
en Cracovia en mayo de 2025.
Cuantiosos daños
Mientras tanto, en otro ejemplo de la tendencia
a reclutar saboteadores a través de las redes sociales, un tribunal del Reino
Unido condenó en julio a tres hombres por su participación en un ataque
incendiario vinculado al Kremlin contra un depósito londinense que almacenaba
ayuda humanitaria y equipo con destino a Ucrania. Durante el juicio, los
acusados confirmaron que el almacén era solo uno de los múltiples objetivos
identificados por sus agentes.
Durante el último año, el mar Báltico se ha
convertido en un foco clave de la ofensiva híbrida del Kremlin, con Moscú
acusado de utilizar su flota paralela de buques para llevar a cabo operaciones
de sabotaje contra cables submarinos. En agosto, las autoridades finlandesas
acusaron al capitán de un petrolero que se cree forma parte de la flota
paralela rusa de arrastrar un ancla por el lecho marino del Golfo de Finlandia
y cortar cinco cables submarinos, causando daños por decenas de millones de
euros.
Turistas sospechosos
Además de las operaciones submarinas, se alega
que Moscú ha intervenido en interferencias de GPS en la región del Báltico como
parte de sus esfuerzos por perturbar la aviación civil. En mayo de 2025,
funcionarios del Servicio de Inteligencia y Seguridad de Defensa de Letonia
publicaron un informe que indicaba que el Kremlin podría estar utilizando
agentes que se hacen pasar por turistas para espiar y llevar a cabo operaciones
de sabotaje en el Báltico y en toda Europa.
El informe advertía que:
la experiencia ucraniana demuestra la capacidad de adaptación de los servicios especiales rusos.
La vecina Lituania también ha acusado a Rusia
de estar detrás de varios atentados incendiarios recientes.
Ventajas
Rusia favorece la guerra híbrida, ya que
permite al Kremlin desestabilizar Europa y socavar el apoyo a Ucrania sin
cruzar el umbral ni provocar una respuesta militar. La reacción de Europa a las
tácticas de guerra híbrida de Putin también se ha visto obstaculizada por la
falta de coordinación entre los países objetivo.
Si bien la División Conjunta de Inteligencia y
Seguridad de la OTAN y el grupo de trabajo East StratCom de la UE
desempeñan un papel valioso en la vigilancia de posibles amenazas e
investigación de la implicación rusa, la mayoría de las contramedidas siguen
estando fragmentadas.
Clara desventaja
De cara al futuro, la creciente guerra híbrida
de Rusia contra Europa exige una respuesta más integrada y ágil. Los supuestos
ejemplos de agresión híbrida no deben considerarse de forma aislada. En cambio,
deben abordarse como parte de una campaña más amplia del Kremlin. Para
responder eficazmente, los países europeos deben colaborar para financiar y
desarrollar nuevas estructuras de seguridad capaces de identificar y abordar
eficazmente las operaciones híbridas rusas.
Mientras los países europeos se apresuran a
rearmarse para contrarrestar la amenaza militar que representa una Rusia
resurgente y expansionista, también deben reconocer que ya se están
desarrollando hostilidades híbridas con el Kremlin. Muchos gobiernos europeos
son plenamente conscientes de ello, pero la ausencia de una respuesta colectiva
más coherente deja actualmente a toda Europa en clara desventaja.
Los cinco enfoques propuestos
Urge, por lo tanto, una reforma fundamental de
la política europea de ciberseguridad que debería seguir el principio de Jano:
someterse sistemáticamente a una revisión de las estructuras y procesos
ineficaces, al tiempo que se tienen en cuenta los avances tecnológicos. Cinco
enfoques de reforma concretos para la postura cibernética de la UE proponen los
investigadores de la Fundación Ciencia y Política (SWP) de Berlín, mencionados
más arriba, a fin de aprovechar las sinergias y encontrar una respuesta eficaz
y sólida a las amenazas dinámicas.
La evaluación de las amenazas impulsadas por la
tecnología, tal y como se producen en el ciberespacio y el espacio de la
información (CIR), suele girar en torno al progreso de lo técnicamente
factible. Esto se refleja de forma exagerada en el debate sobre los efectos de
los avances en inteligencia artificial sobre la ciberseguridad.
Estrategias
Estos debates dan la impresión de que la
seguridad se decide en la competencia por un avance tecnológico y la ventaja
asociada e irremediable que este conlleva. Esta percepción suele llevar a la
conclusión de que el panorama futuro de las amenazas se configurará en función
de si se logra establecer un equilibrio técnico entre la ofensiva y la
defensiva. El impulso por determinar este nuevo equilibrio da lugar a la
tendencia de centrar la atención en los análisis únicamente en el horizonte del
desarrollo tecnológico. Sin embargo, el uso de las capacidades cibernéticas
depende más bien de consideraciones estratégicas, dependencias institucionales
y comportamientos diplomáticos que siguen tendencias a largo plazo.
Política
Mas, una evaluación exhaustiva de las amenazas
en el CIR no solo requiere una estimación prospectiva de los futuros
desarrollos tecnológicos (ex ante), sino también una autoevaluación crítica
retrospectiva, es decir, una consideración ex post, de las vías institucionales
emprendidas que obstaculizan una ciberdefensa europea específica. Esta visión
dual en ambas direcciones es la condición previa para conciliar lo que es
técnicamente posible con la propia ambición estratégica de desarrollar una
política europea de ciberseguridad.
Defensa
Precisamente frente a los retos estratégicos,
es indispensable centrarse en una defensa prospectiva contra las amenazas y, al
mismo tiempo, no repetir los errores del pasado en la política europea de
ciberseguridad. Especialmente en lo que respecta a las reacciones a nivel de la
UE, que implican un gran esfuerzo de comunicación entre los distintos niveles
políticos, desde el nivel de la UE hasta el nivel federal en la República
Federal de Alemania, esta doble perspectiva es un requisito previo para poder
evaluar la eficacia real de las medidas de protección y las contramedidas que
se están considerando.
Equilibrio técnico
La evaluación de las amenazas impulsadas por la
tecnología, tal y como se producen en el ciberespacio y el espacio de la
información (CIR), suele girar en torno al avance de lo técnicamente posible.
Esto se refleja de forma exacerbada en el debate sobre los efectos de los
avances en inteligencia artificial sobre la ciberseguridad. Estos debates dan
la impresión de que la seguridad se decide en la competencia por un avance
tecnológico y la ventaja insuperable que este conlleva. Esta percepción suele
llevar a la conclusión de que el panorama futuro de las amenazas se configurará
en función de si se logra establecer un equilibrio técnico entre la ofensiva y
la defensiva.
El impulso por determinar este nuevo equilibrio
da lugar a la tendencia de centrar la atención en los análisis únicamente en el
horizonte del desarrollo tecnológico. Sin embargo, el uso de las capacidades
cibernéticas depende más bien de consideraciones estratégicas, dependencias
institucionales y comportamientos diplomáticos que siguen tendencias a largo
plazo.
Comunicación
Sin embargo, una evaluación exhaustiva de las
amenazas en el CIR no solo requiere una estimación prospectiva de los futuros
desarrollos tecnológicos (ex ante), sino también una autoevaluación crítica
retrospectiva, es decir, una consideración ex post, de las vías institucionales
emprendidas que obstaculizan una ciberdefensa europea específica. Esta visión
dual en ambas direcciones es la condición previa para conciliar lo que es
técnicamente posible con la propia ambición estratégica de desarrollar una política
europea de ciberseguridad.
Precisamente frente a los retos estratégicos,
es indispensable centrarse en una defensa prospectiva contra las amenazas y, al
mismo tiempo, no repetir los errores del pasado en la política europea de
ciberseguridad. Especialmente en lo que respecta a las reacciones a nivel de la
UE, que implican un gran esfuerzo de comunicación entre los distintos niveles
políticos, desde el nivel de la UE hasta el nivel federal en la República
Federal de Alemania, esta doble perspectiva es un requisito previo para que se
pueda comprobar la eficacia real de las medidas de protección y las
contramedidas que se están considerando.
Los retos estratégicos
Las evaluaciones continuas, como las que
permite realizar el Repositorio Europeo de Incidentes Cibernéticos (EuRepoC)
durante un período de casi 25 años, proporcionan una base importante para
obtener una visión general (accesible al público) de la ciberseguridad europea.
En estas observaciones a largo plazo se aprecia una actividad persistentemente
elevada por parte de un grupo de Estados autoritarios. Según los datos del
EuRepoC, casi tres cuartas partes de las operaciones cibernéticas de origen
estatal denunciadas públicamente desde el año 2000 se pueden atribuir a cuatro
países: China, Irán, Corea del Norte y Rusia.
Al mismo tiempo, los datos del repositorio para
este período muestran una ampliación del campo de actores. Según estos datos,
los grupos estatales son responsables de menos de un tercio de las operaciones
cibernéticas con repercusión política. Sin embargo, un análisis de las
operaciones individuales muestra que esta separación por tipos de actores es
mucho menos estática, especialmente en el caso de las actividades que tienen su
origen en Estados autoritarios. La constante de un grupo de Estados autoritarios
como fuente de amenaza se contrapone a una dinamización de la relación entre
los actores estatales y no estatales, lo que difumina cada vez más las
fronteras entre estos grupos.
Rusia y China, en particular, han desarrollado
de forma específica estructuras híbridas en las que los actores estatales y no
estatales -como grupos criminales o proveedores privados de servicios de
piratería informática- actúan en estrecha colaboración. Los grupos criminales
que han encontrado en Rusia un refugio desde el que pueden actuar con impunidad
contra objetivos extranjeros son, a cambio, involucrados por los servicios
rusos en operaciones controladas por el Estado. En China, bajo la dirección del
Ministerio de Seguridad del Estado, se ha formado una ramificada red de
proveedores de servicios comerciales. Por encargo del Estado, estas empresas
buscan puntos débiles y abren accesos a objetivos de gran valor en el
extranjero. Mediante la integración de estos grupos proxy sin supuesta relación
con el Estado, los países intentan impedir el esclarecimiento de sus
actividades cibernéticas y ocultar las intenciones que hay detrás de ellas. En
este contexto, lanzan ataques selectivos contra infraestructuras críticas,
instituciones políticas o actores de la sociedad civil en la UE. Se observa una
integración estratégica deliberada de recursos no estatales en las estructuras
estatales de planificación y mando. Este enfoque dificulta la atribución
política, socava las normas internacionales y ejerce una presión constante
sobre la resiliencia de las sociedades abiertas.
La postura cibernética de la UE: potencial de sinergia sin explotar
Europa se enfrenta al reto particular que
plantea la complejidad de estos modelos híbridos de Estados autoritarios. Para
ello, la UE ha creado una serie de instrumentos de ciberseguridad, entre los
que se incluyen la caja de herramientas de ciberdiplomacia (CDT), el régimen
horizontal de sanciones cibernéticas, los mecanismos de respuesta militar en el
marco de la PESCO y las iniciativas reguladoras para reforzar la seguridad de
los productos, como el Reglamento sobre la ciberresiliencia. El nuevo Plan de Ciberseguridad
de la UE de junio de 2025 complementa e integra iniciativas existentes como:
- la Directiva NIS2,
- la Ley de Ciber-Solidaridad,
- el Mecanismo Integrado de Respuesta a Crisis Políticas,
- la Caja de Herramientas de Ciberdiplomacia,
- normativas específicas para cada sector (por ejemplo, para la protección del suministro eléctrico transfronterizo).
Estos instrumentos de la UE, que aquí solo se
enumeran de forma sucinta, reflejan el amplio espectro de la política de
seguridad y tecnología de Europa. Numerosos análisis han demostrado que el
efecto de la política de ciberseguridad de la UE sigue siendo limitado debido a
la fragmentación de las competencias y al aislamiento sectorial. También se ha
señalado en numerosas ocasiones que la falta de conexión estratégica hace que
se desperdicie el potencial de sinergia, que podría aprovecharse mediante una
mayor integración de las iniciativas de la Comisión y del Consejo. Sin embargo,
en consonancia con la visión de Jano, hay que centrarse precisamente en los
elementos constructivos de la política de ciberseguridad de la UE.
Aumentar coherencia
En principio, la Cyber Posture de mayo de 2022 define correctamente las tareas de la UE de manera amplia, al establecer cinco áreas de trabajo: fortalecer la resiliencia y las capacidades de autoprotección; fortalecimiento de la solidaridad y mejora de la gestión integral de crisis; posicionamiento internacional de la UE en materia de ciberpolítica; intensificación de la cooperación con países socios y organizaciones internacionales; y prevención, defensa y respuesta a ciberataques. La estructura y la orientación de esta postura cibernética también subrayan la contribución colectiva específica de las instituciones y los actores de la UE en la coordinación, que es lo que hace posible una acción conjunta en la política europea de ciberseguridad. Estos esfuerzos de coordinación, a menudo subestimados, se extienden a varios niveles. En noviembre de 2024, los Estados miembros acordaron una declaración conjunta sobre la aplicación del derecho internacional en el ciberespacio, que también sirve de orientación a otros terceros países fuera de la UE. El plan cibernético adoptado en junio de 2025 para mejorar la gestión de las crisis cibernéticas regula las responsabilidades entre los actores a nivel de la Unión.
Este concepto también sirve de modelo, en particular, para otras
organizaciones regionales. La participación de Ucrania en las reflexiones sobre
cómo utilizar la CDT de forma aún más eficaz para disuadir los ciberataques
pone de manifiesto, entre otras cosas, el intenso esfuerzo de la UE por
coordinarse con sus socios internacionales. Las iniciativas de la UE para
aumentar la coherencia horizontal, vertical y orientada a terceros países de su
política de ciberseguridad también son prueba del enfoque de reforzar las
obligaciones de diligencia debida y el derecho internacional. Además, tienen
una importancia fundamental como punto de partida normativo de la política de
ciberseguridad de la UE.
La responsabilidad de diligencia debida como punto de partida
Ante la ofensiva sistemática de los actores
autoritarios en el CIR, la UE ha tomado medidas principalmente para cumplir con
sus propias obligaciones de diligencia debida en materia de ciberseguridad. La
UE quiere aplicar en el CIR una estrategia basada en normas a nivel
internacional, que se fundamente en el respeto del Derecho internacional y las
normas de las Naciones Unidas y vaya acompañada de medidas que fomenten la
confianza y la seguridad. Esta postura tiene por objeto generar expectativas
fiables y se ve respaldada por documentos e instrumentos fundamentales como la
Postura cibernética de la UE (2022), la caja de herramientas de ciberdiplomacia
revisada (2023), la brújula estratégica, la Comunicación sobre ciberdefensa
(2024) y la Declaración sobre la aplicación del derecho internacional en el
ciberespacio (2024). Estos documentos hacen hincapié en la validez de las
normas humanitarias e internacionales, la importancia de la diplomacia
normativa y el compromiso de la UE con una actuación responsable de los Estados
en el espacio digital. En el centro del marco de respuesta diplomática de la UE
se encuentra la Cyber Diplomacy Toolbox (CDT) revisada, con sus cuatro paquetes
de sanciones aprobados hasta la fecha.
Además, como ya se ha mencionado anteriormente,
existe una gran cantidad de actos jurídicos vinculantes de la Comisión Europea,
promulgados principalmente desde 2022. Todos ellos están relacionados por el
objetivo general de aumentar la resiliencia dentro del mercado interior.
Mediante especificaciones para el hardware y el software, para la
infraestructura de red y mediante el establecimiento de obligaciones
internacionales derivadas de la Carta de los Derechos Fundamentales y del
Derecho internacional, todos los participantes en el mercado interior quedan
indirectamente sujetos a las normas y estándares europeos.
El desarrollo de la cibercapacidad más allá de
la UE se lleva a cabo a menudo en el marco de la Política Común de Seguridad y
Defensa (PCSD), principalmente a través de misiones de formación civil (por
ejemplo, EUAM Ucrania, EUCAP Sahel). Estas misiones ofrecen puntos de conexión
con la ciberdiplomacia basada en normas, por ejemplo, mediante la enseñanza del
Derecho europeo o de medidas técnicas de protección, en parte a través de
proveedores privados de seguridad informática. Sin embargo, hasta ahora apenas
se ha aprovechado el potencial de estas misiones como contribución a la
arquitectura estratégica global de ciberseguridad de la UE.
Si bien las exigencias normativas de la UE
gozan de reconocimiento mundial, su capacidad para defenderse de las
ciberamenazas se ve limitada por una serie de deficiencias, entre las que cabe
destacar las siguientes: la falta de coherencia estratégica horizontal, el
enfoque unilateral en la atribución, las deficiencias en la capacidad de
conectividad para la cooperación activa con otros socios, la falta de
coherencia vertical dentro de la UE y la rígida separación entre la cooperación
civil y militar. Las iniciativas de reforma deberían diferenciar más entre las
estructuras de conflicto, hacer menos hincapié en la atribución y las
sanciones, y centrarse en mejorar la conectividad internacional mediante
asociaciones público-privadas y una cooperación civil-militar más profunda.
Primero: diferenciar mejor entre las amenazas
La reforma de la CDT 2023 fue un paso
importante, pero no supuso avances sustanciales en materia de atribución,
sanciones o resiliencia operativa. El marco de respuesta diplomática de la PESC
se centra en gran medida en los actores estatales que representan una amenaza,
especialmente en las amenazas persistentes avanzadas (APT) que pueden
atribuirse a organismos estatales. Sin embargo, este enfoque limitado ignora la
creciente difuminación de la línea divisoria entre las acciones estatales y no
estatales. Estados autoritarios como Rusia y China integran sistemáticamente
estructuras criminales en sus ciberoperaciones, ya sea mediante refugios o
coordinación operativa.
Los principales retos se derivan de la
progresiva dilución de las fronteras entre la acción estatal y no estatal,
especialmente en el caso de Rusia, donde los grupos criminales actúan como una
extensión del Estado y disfrutan de refugios. Esto reduce la eficacia de los
instrumentos de la UE contra la ciberdelincuencia, especialmente en el ámbito
del ransomware, como demuestran las recientes operaciones contra hospitales y
empresas de suministro de agua.
Aunque la UE ha aprobado el conjunto de
herramientas como instrumento para responder a las amenazas híbridas, que
incluye, entre otras cosas, las operaciones cibernéticas, también en este caso
se echa en falta una integración sistemática con las medidas de CDT. Hasta
ahora, el despliegue de equipos híbridos de respuesta rápida tampoco se
controla estratégicamente ni se practica con regularidad, una deficiencia que
se señala de forma autocrítica en el Cyber Blueprint 2025.
Hasta ahora, la ciberseguridad europea adolece
de una falta de coherencia institucional horizontal: mientras que, por ejemplo,
en el Reino Unido el Centro Nacional de Ciberseguridad examina las
posibilidades de aplicación de medidas de engaño (honeypots, etc.) en todo el
país, la UE aún no dispone de un enfoque comparable, a pesar de que el tamaño
del mercado interior supondría una ventaja en este sentido. Es cierto que las
directrices de la CDT revisadas en 2023 prevén, por ejemplo, el uso conjunto de
medidas de las cajas de herramientas de la UE para hacer frente a las amenazas
híbridas y los intentos de influencia extranjera. Sin embargo, la creación de
sinergias entre las diferentes estrategias de la UE se ha quedado hasta ahora
en el ámbito conceptual. La UE Cyber Posture también ha señalado esta
deficiencia.
En lo que respecta a los conflictos entre
Estados, la UE se ha comprometido claramente con la aplicación del derecho
internacional humanitario en el ciberespacio, por última vez en la mencionada
declaración de noviembre de 2024. Para que este compromiso surta efecto, es
necesario concretar cómo se van a poner en práctica estas líneas rojas en la
dimensión de la defensa militar. Un paso importante en esta dirección sería la
elaboración de directrices para la aplicación del derecho internacional
humanitario a las operaciones cibernéticas ofensivas en el contexto del
artículo 42, apartado 7, del TUE o del artículo 222 del TFUE (cláusula de
solidaridad), con el fin de señalar de antemano a los adversarios estratégicos
la capacidad de actuación.
Segundo: actuar independientemente de la atribución
El marco de respuesta de la UE sigue
dependiendo en gran medida de la atribución, es decir, se centra en la
asignación de responsabilidades. Aunque la UE subraya, en lo que respecta a la
CDT, que no todas las medidas restrictivas requieren una atribución, en la
práctica la aplicación de las herramientas está vinculada a una atribución
previa. Aunque la CDT se revisó en 2023, sigue habiendo muy pocas medidas que
puedan surtir efecto sin una atribución previa.
Además, hasta ahora faltan en el arsenal de la
CDT opciones explícitas para medidas dirigidas contra infraestructuras técnicas
como los mezcladores de criptomonedas, los proveedores de servicios de
alojamiento a prueba de balas o los controladores de botnets, es decir,
instrumentos que pueden surtir efecto independientemente del actor. Las medidas
reactivas, como la interrupción de infraestructuras técnicas (por ejemplo,
desmantelamiento de botnets, desconexión de servidores, desactivación de
plataformas), pueden llevarse a cabo independientemente de la atribución y, al
mismo tiempo, contribuir eficazmente a minimizar los daños. Este potencial no
se ha aprovechado de forma sistemática en el marco de la reforma de la CDT de
2023. Los socios estratégicos de la UE están mucho más avanzados en su
cooperación. Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia han sancionado
repetidamente, en estrecha coordinación, plataformas como los proveedores de
alojamiento a prueba de balas rusos Zservers y Aeza, muy utilizados por los
ciberdelincuentes. En la UE no existe una opción comparable, aunque
precisamente este tipo de medidas podrían aumentar considerablemente la
capacidad de respuesta frente a los actores que mezclan de forma selectiva
registros de actuación estatales y no estatales. La UE reconoce sin duda el
papel de la atribución técnica, por ejemplo, cuando se trata de apoyar a la
Corte Penal Internacional (CPI) en las investigaciones sobre crímenes de guerra
cibernéticos contra Ucrania. No obstante, estos enfoques siguen siendo
aislados. No existe una interconexión sistemática con los mecanismos
diplomáticos. En el futuro, la atribución técnica debería formar parte de la
ciberdiplomacia para mantener la capacidad de actuación, especialmente cuando
la atribución política no sea posible de forma inmediata.
Tercero: mejorar la conectividad internacional
La CDT se inscribe en la postura cibernética de
la UE para 2022. Esta incluye un compromiso con un sistema internacional basado
en normas, que se fundamenta en los informes del GGE y del OEWG de las Naciones
Unidas, así como en el derecho internacional vigente. La referencia a las
normas internacionales es un componente esencial de los esfuerzos diplomáticos
de la UE. Al mismo tiempo, sigue sin estar claro cómo se aplicarán estos
principios en incidentes concretos en Europa.
El régimen horizontal de sanciones
cibernéticas, prorrogado en mayo de 2025, prevé explícitamente la posibilidad
de hacer cumplir las normas internacionales. Sin embargo, la práctica
sancionadora de la UE se caracteriza por la cautela, debido también a los
elevados requisitos en materia de carga de la prueba y a la dependencia
implícita de la atribución. Además, la UE se ve limitada en sus reacciones por
la obligación de consenso entre los Estados miembros. La atribución política se
realiza de forma individual por cada uno de los Estados miembros. Por lo tanto,
es difícil lograr una imagen exterior uniforme.
La comparación con los países del grupo Five
Eyes muestra que las reacciones de la UE son más lentas, menos coordinadas y se
basan con menos frecuencia en el trabajo previo de los servicios de
inteligencia. Sin embargo, la capacidad de la UE para aplicar medidas
coordinadas a nivel internacional es de vital importancia. Los Estados Unidos y
el Reino Unido suelen utilizar pruebas técnicas e información de los servicios
de inteligencia de forma selectiva para imponer sanciones. Este enfoque
pragmático les permite reaccionar con rapidez y demuestra que una aplicación
flexible de los requisitos de atribución es un factor de éxito en lo que
respecta a la coordinación internacional.
La falta de integración de la atribución
técnica en la ciberdiplomacia debilita la posición estratégica de la UE y le
dificulta adoptar medidas coordinadas con los Estados socios. Incluso las
medidas operativas, como los desmantelamientos coordinados de la «Operación
Endgame», siguen centrándose en la UE únicamente en el ámbito penal, por
ejemplo, en Europol, dentro de la ciberpostura de la UE. El efecto de estas
medidas para desmantelar de forma preventiva las infraestructuras delictivas
podría ser mucho más decisivo y duradero si se combinara estratégicamente la
divulgación sistemática de las herramientas de ataque, con una mayor
participación de la ENISA y la red EU-CSIRT, con la aplicación de sanciones
complementarias a través de la CDT. Esta interconexión de medidas de la UE
existentes, pero hasta ahora paralelas, permitiría enviar a los adversarios
estratégicos una señal clara de la voluntad de imponerles sanciones. Hasta
ahora, una de las limitaciones de la aplicación de la CDT era la imposición de
consecuencias realmente sustanciales a los autores de las amenazas. La
integración de la CDT en la lucha operativa contra las amenazas puede abrir
aquí nuevos ámbitos de actuación, incluso sin necesidad de adaptar el catálogo
de medidas.
Cuarto: ampliar las asociaciones de forma pragmática
En las reflexiones realizadas hasta ahora sobre
la aplicación de la CDT, las referencias a las iniciativas de la Comisión
Europea en materia de ciberseguridad parecen haber tenido hasta ahora un papel
secundario. Sin embargo, para que las medidas de la Ley de Ciberresiliencia y
la Ley de Solidaridad sean eficaces, es fundamental la participación de actores
no estatales, como la sociedad civil y la industria, o de expertos en
tecnologías como el blockchain, que se ven muy afectados por las actividades delictivas,
con el fin de contener estas actividades. Precisamente estos actores son
decisivos para la implementación de la resiliencia técnica, la alerta temprana
de amenazas y la atribución efectiva. La cooperación con los actores del sector
de las criptomonedas está poco desarrollada, aunque podría ayudar a reducir el
uso indebido de infraestructuras de anonimización (por ejemplo, los mezcladores
de criptomonedas). Al mismo tiempo, un intercambio basado en la confianza con
los proveedores de tecnología sería extremadamente importante para identificar
las vías de ataque y los riesgos de la cadena de suministro.
La CDT revisada incluye declaraciones sobre el
papel de los actores privados en el ámbito de la ciberseguridad: en particular,
los servicios de seguridad, los equipos de respuesta a emergencias informáticas
(CERT) y los proveedores de tecnología deben participar de forma más
sistemática en la evaluación de la situación (situational awareness) y la
respuesta preventiva (preparedness). Sin embargo, la implementación sigue
siendo fragmentada. Grupos importantes, como la comunidad criptográfica, las
instituciones de investigación técnica o las comunidades de código abierto,
apenas forman parte del marco de respuesta hasta la fecha. Sin embargo, su
importancia es evidente: los grupos de ransomware utilizan cada vez más
tecnologías de doble uso, como herramientas de transferencia de archivos o
software legítimo de mantenimiento remoto. Sin la participación de los actores
mencionados, no es posible evitar el uso indebido de dichos sistemas.
Además, en las iniciativas para combatir los
ataques de ransomware, estos formatos de cooperación público-privada no parecen
haber sido hasta ahora el centro de atención de la ciberdiplomacia. Además,
falta un diálogo estratégico con los proveedores de servicios en la nube y las
empresas de plataformas, a pesar de que son actores clave para la
escalabilidad, la atribución y las posibilidades de intervención. La UE tendría
aquí la oportunidad de crear incentivos para la cooperación preventiva a través
de su competencia en materia de regulación del mercado (por ejemplo, la Ley de
Servicios Digitales/Ley de Ciberresiliencia), por ejemplo, en el ámbito de la
alerta temprana o la eliminación de datos.
La UE ha dado los primeros pasos en la
dirección esbozada con sus comunicaciones de la Comisión sobre la cooperación
digital internacional (por ejemplo, en el marco de la Comunicación conjunta
sobre la estrategia digital internacional de la UE, 2023). Estas iniciativas,
orientadas principalmente a la política de desarrollo y comercial, deben
integrarse sistemáticamente en el marco de respuesta diplomática.
Quinto: buscar sinergias entre lo civil y lo militar
El análisis del informe Cyber Activity Balance
Report 2024 de EuRepoC muestra que la mayoría de las operaciones cibernéticas
con motivaciones políticas contra la UE son llevadas a cabo por actores que
actúan con el apoyo del Estado. En particular, las operaciones procedentes de
Rusia revelan intenciones cada vez más destructivas. En Estados Unidos se
registran intentos, presuntamente de actores chinos, de preparar la
interrupción de infraestructuras críticas en caso de crisis. Estas
observaciones apuntan a un riesgo para la seguridad que no excluye una
respuesta militar. Sin embargo, la ciberdefensa militar no se tiene en cuenta
de forma sistemática en la arquitectura de respuesta de la UE.
A pesar de las ambiciones en el marco de la
Política de Ciberdefensa de la UE (2022) y los proyectos PESCO (por ejemplo,
los equipos de respuesta rápida cibernética, CRRT), hasta ahora falta una
integración estratégica de los pilares civiles y militares de la política
europea de ciberseguridad. La CDT se reformó en 2023 con el fin de disponer de
un repertorio más flexible de medidas diplomáticas contra los actores
cibernéticos estatales y no estatales. Sin embargo, su eficacia sigue siendo
limitada, ya que el marco de contramedidas que esboza está en gran medida
desvinculado de los recursos de defensa militar, como los CRRT de la PESCO y
los equipos de respuesta híbrida (HRRT). Aún se está desarrollando una conexión
estructural con los mecanismos militares de respuesta a crisis, como el
previsto en el Centro de Coordinación de la Ciberdefensa de la UE (EUCDCC).
Sería necesaria una estrecha colaboración entre la arquitectura militar y civil
de respuesta a crisis (EU-CyCLONe, red CSIRTs). Sin embargo, hasta ahora solo
se ha intentado en forma de cooperaciones puntuales y ejercicios conjuntos.
Los PESCO-CRRT son uno de los pocos
instrumentos diseñados explícitamente para operaciones de ciberseguridad. Sin
embargo, su uso en escenarios de crisis reales de la UE sigue siendo marginal.
La razón de ello radica también en la falta de claridad estratégica sobre las
competencias y las doctrinas de intervención. Las directrices para la
activación de estos equipos en caso de un ataque híbrido o una cibercrisis
siguen siendo vagas. Su intervención está sujeta a la aprobación del Estado
miembro, lo que limita el valor añadido a nivel de la Unión.
La evaluación de la situación y la coordinación
operativa en incidentes transfronterizos siguen caracterizándose por vías de
comunicación ineficaces y una fragmentación de las competencias. Las soluciones
técnicas podrían facilitar la coordinación en este ámbito. En el ámbito
universitario ya se han elaborado propuestas para crear una plataforma común de
concienciación sobre la situación cibernética (CSA), en la que también podrían
participar las partes interesadas del ámbito militar. Sobre esta base, se podría
establecer una interfaz institucionalizada entre los CSIRT militares
nacionales, los equipos civiles de respuesta a incidentes y los organismos
diplomáticos de la UE, que podrían actuar conjuntamente en situaciones de
crisis.
Del papel coordinador al papel integrador de la UE
Las reformas mencionadas prometen un
considerable potencial de sinergia, que, sin embargo, depende de un paso más en
esta cadena de coordinación: el uso conjunto de los distintos instrumentos,
iniciativas y mecanismos por parte de los Estados miembros, la Comisión Europea
y el Consejo. Mediante un enfoque integrado de este tipo, se pueden aunar los
esfuerzos a nivel de los Estados miembros, los actores de la UE y los socios
internacionales.
La contribución del marco de respuesta de la UE
a la contención de las ciberamenazas no se mide por las medidas adoptadas, sino
por su eficacia para aumentar la ciberseguridad de la UE.
La introducción de un nivel superior para
coordinar las cinco áreas de trabajo de la ciberpostura de la UE garantizaría
que los instrumentos individuales no quedaran aislados, sino que, gracias a su
uso estratégicamente interconectado, pudieran generar sinergias que aumentaran
aún más su eficacia.
En las directrices revisadas para la aplicación de la CDT se menciona explícitamente el refuerzo del efecto de tales medidas de coordinación como una lección aprendida del uso de la caja de herramientas. Así, las directrices reafirman expresamente la pretensión de seguir un enfoque «sostenible, adaptado a la amenaza, coherente y coordinado». Una estrategia para reforzar el impacto que, siguiendo el principio de Jano, contrarresta los retos de seguridad cada vez más interconectados con los efectos combinados de los instrumentos existentes, crea las condiciones necesarias para ello. Precisamente ante la grave amenaza que supone la apropiación de capacidades no estatales por parte de actores autoritarios, la coordinación e integración de los instrumentos existentes supone un valor añadido específico de la UE como actor en materia de política de ciberseguridad: Con coherencia institucional, claridad normativa y conectividad operativa, los Estados miembros no solo deben apostar por el papel coordinador de la UE, sino también por su potencial integrador, con el fin de aumentar la capacidad de acción estratégica y la capacidad de defensa frente a las amenazas en el ciberespacio. En consonancia con los ámbitos de actuación de la postura cibernética de la UE, las iniciativas de reforma deberían contribuir decididamente a que la política de ciberseguridad de la UE, en aras de la responsabilidad debida, sea capaz de dar una respuesta colectiva a los retos estratégicos en el ciberespacio y el espacio de la información.
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